Todos los sistemas constitucionales han reservado mecanismos para activar medidas represivas en nombre de la democracia
Cuanto más avanza la crisis del COVID, más podemos ver cómo los sistemas democráticos han ocultado herramientas autoritarias con las que burlar la voluntad de la población. Durante más de un siglo, la voluntad del pueblo y la autodeterminación personal y económica han sido las premisas con las que muchos estados occidentales han justificado su presencia y superioridad moral en el escenario mundial.
Pero, cuando una crisis que afecta a la población en su conjunto ha puesto en peligro incluso las estructuras del Estado, los sistemas de sufragio universal han visto cómo sus premisas políticas deben ser cambiadas por medidas autoritarias que permitan decisiones precisas y rápidas. Los supuestos atributos democráticos de mercado de las ideas y racionalidad en la elección han sido suplantados por medidas autoritarias paternalistas en las que el Estado se abroga el derecho de gestionar los más íntimos aspectos de la vida personal.
Las instituciones occidentales se han derrumbado ante una crisis sanitaria que no han podido controlar, o no les ha interesado hacerlo. Los gobiernos ejecutivos de esos países han decidido tomar las riendas de las decisiones políticas sin tener en cuenta a las sociedades, o la oposición parlamentaria. La retórica ecuménica del Occidente libre ha terminado cuando ha quedado patente que las sociedades pueden enfrentarse a graves problemas en los que la toma de decisiones tiene que ejecutarse en un momento y unas formas que las estructuras institucionales de las democracias liberales no permiten. Nadie en Occidente había pensado que podrían haber visto sus derechos y libertades restringidos de la manera en que lo están siendo ahora. La democracia ha activado su modo represivo.
Parece que todas las democracias han escondido en sus constituciones y legislaciones herramientas de autoritarismo. Los gobernantes que implementaron las formas de gobierno sincronizadas con la voluntad del pueblo sabían que el poder político debía mantenerse hermético, como una herramienta de gobierno que no se viese comprometida por los resultados de una votación popular. Para conseguir ese objetivo todos los sistemas constitucionales han reservado mecanismos a través de los cuales se pueden activar medidas represivas en nombre de la democracia. La concentración del poder en el poder ejecutivo ha dejado de lado los sistemas legislativos de buena parte de los Estados democráticos; dicen que la situación no permite retrasar la adopción de medidas.
En España se han suspendido los derechos y libertades de los ciudadanos, como en tiempo de guerra. No hay derechos sociales, ni económicos, ni personales y, sin embargo, la pandemia sigue registrando cada día más casos. Las medidas que surgen del Gobierno de Sánchez tienen poco de sanitarias y mucho de autoritarias. Toda la represión del Estado ha servido para acaparar poder en el Ejecutivo, pero no ha servido para paliar los efectos de una crisis sanitaria. España ha sufrido uno de los encierros más largos y severos del mundo, y lo único para lo que ha servido es para destruir la economía y polarizar la sociedad. Ahora el país tiene niveles inmanejables de deuda y desempleo, y no parece que el Gobierno autoritario de Pedro Sánchez sepa cómo revertir la situación.
La crisis española va a ser más económica que sanitaria. Seguramente sea esta la razón por la que el ejecutivo paternalista haya decidido que es de vital importancia controlar la información que recibimos y compartimos en las redes; el Estado es el garante de la verdad, aparte de férreo censor de la crítica. Lo único que ha quedado claro en España es que la crisis sanitaria ha servido para que el Ejecutivo realice oscuras y lucrativas contratas, para insertar indebidamente a un vicepresidente en el CNI, para que la ciudadanía vea restringidos sus derechos constitucionales, así como para que se imponga una ley del silencio.
La Unión Europea no va a ser un cuerpo extraño a lo que sucede en España. Ahora que ven a uno de sus miembros desangrándose se dan cuenta de que deberían haber tomado medidas en conjunto para todos los países. En lugar de aprender del mal ejemplo español y fortalecer la unión de sus miembros, la decisión ha sido que cada Estado adopte medidas represivas como no habían adoptado desde tiempos de guerra. La crisis del COVID-19 ha demostrado que la UE no es una estructura política cohesiva, y que cuando hay una crisis cada Estado miembro toma sus propias decisiones. Es algo que se ha visto reiterativamente cada vez que había que encarar una crisis; se vio en la crisis financiera, en la migratoria, y en la actual sanitaria. La UE no es una unión desde que la toma de decisiones es unilateral y no dialogada. Esta crisis ha sido otra prueba de estrés para la Unión, y no ha logrado superarla.
La UE no ha sido capaz de implementar medidas sanitarias que permitan a sus miembros tener información sobre la evolución del virus en todos los países, no ha sido capaz de crear centros de distribución de material sanitario para sus miembros, y sobre todo, no ha sido capaz de crear un centro médico coordinado para combatir el virus. Por el contrario, ha permitido que gobiernos de todos los colores aprovechen la crisis como excusa que les permita acaparar poder no democrático. Desde Bruselas se ha visto como todo vestigio de democracia ha sido borrado de uno de sus Estados miembros y, al igual que con las demás crisis, no ha habido ni sistemas ni voluntad para pararlo. La ineficacia de la UE y las medidas draconianas tomadas por los gobiernos sólo han revelado una cosa: la democracia tiene un modo represivo en el que todos los derechos que dice defender se pueden suspender, pero aun así no saben cómo hacer que funcione el Estado para luchar contra una crisis.
Nuño Rodríguez es politólogo y analista.
