La Justicia turca condena a cadena perpetua a 337 personas por el golpe de Estado de 2016

La Justicia turca ha puesto fin este jueves, tres años y medio después del fallido golpe de Estado que sacudió Turquía en 2016, a uno de los mayores juicios contra los responsables, con sentencias de cadena perpetua para 333 militares y cuatro civiles. El juicio comenzó en agosto de 2017 y, de los 475 acusados, 365 se hallaban en prisión preventiva y 104 en libertad condicional, a lo que se añaden seis fugados. En total, 291 acusados han sido condenado este jueves a una o varias cadenas perpetuas agravadas y 46 a la perpetua simple.

Por qué te lo contamos: esta condena contundente reafirma el poder del presidente, Recep Tayyip Erdogan. En el macrojuicio había 475 acusados, casi todos militares, de los que solo 70 han sido absueltos, mientras que los demás han recibido condenas de diversa gravedad, en su mayoría cadena perpetua, según ha informado la agencia turca Anadolu.

Entre los presos más destacados hay 25 pilotos militares que en la noche del golpe, el 15 de julio de 2016, despegaron con cazabombarderos de la base aérea de Akinci, cerca de Ankara, que los militares sublevados habían convertido en su cuartel central. Once de estos pilotos lanzaron bombas sobre la ciudad, una academia policial, el Parlamento y un cruce cercano al palacio presidencial, matando a 68 personas, a lo que se añaden otros nueve civiles muertos en otros enfrentamientos, lo que lleva el total de víctimas en Ankara a 77.

Por ello, cada uno de esos pilotos como otros acusados considerados máximos responsables de la operación, han recibido 79 cadenas perpetuas agravadas, una por cada víctima, más una por «intentar derrocar el orden constitucional» y otra por «intento de asesinar al presidente». El verano pasado, un tribunal turco ya condenó a cadena perpetua a 24 personas que participaron en el golpe fallido por estos mismos delitos.

Ahora, la máxima pena también se ha impuesto a cuatro civiles, considerados ‘imames’ o miembros de alto rango de la cofradía del predicador Fethullah Gülen, exiliado desde 1999 en Estados Unidos y considerado por Ankara instigador del golpe, extremo que el anciano teólogo siempre ha negado. El propio Gülen está acusado en este juicio pero al no haber conseguido Turquía su extradición, su causa ha sido apartada. La cofradía de Gülen, fundada en los años setenta, empezó a colocar a sus miembros en la Administración, la Judicatura, la Policía y, con enorme sigilo, en las Fuerzas Armadas, creando una red que sus críticos han definido como un «Estado paralelo» dedicado a tomar el poder para convertir Turquía en un país islámico confesional. Bajo la batuta de Recep Tayyip Erdogan, el movimiento gülenista se alió con el Ejecutivo para marginar a los poderosos sectores laicos, pero este pactó se rompió en 2013, dando lugar a una encarnizada lucha de poder.

Tras el fallido golpe de Estado, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado públicamente su adhesión a Gülen, el Gobierno turco lanzó amplias purgas en la Administración y el sector educativo, despidiendo a más de 130.000 empleados y deteniendo a más de 100.000 personas.