La propuesta de PSOE y Podemos sobre que el CGPJ no pueda realizar nombramientos en funciones fue apoyada el martes por ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Compromís, Más País y PRC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han mantenido este martes durante 45 minutos su esperada conversación para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero, según ambas partes, no han logrado ningún avance.
Sánchez y Casado han hablado en la jornada en la que el PSOE y Unidas Podemos han sumado en el pleno del Congreso un amplio apoyo a su propuesta para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar nombramientos en funciones, reforma diseñada para forzar al PP a negociar su renovación y que ha suscitado duras críticas de la oposición. La presión, no obstante, parece no hacer mella en el PP, o al menos no lo suficiente para que se hayan producido avances en las negociaciones. Por su parte, el CGPJ, que ha cumplido ya dos años en funciones, no tiene en sus planes paralizar los nombramientos de cargos judiciales y este jueves aprobará previsiblemente cuatro nuevos.
En el Congreso, entre acusaciones cruzadas de querer politizar el Poder Judicial, la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria al recibir 188 votos a favor -con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Compromís, Más País y PRC-, 152 votos en contra -con un rechazado rotundo por parte del PP, Vox, Ciuddanos y UPN- y siete abstenciones.
El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha defendido la necesidad de que al CGPJ tenga un régimen jurídico específico cuando esté en funciones, como el poder ejecutivo y con el legislativo, pero no ha ocultado que el objetivo último es acabar con la «anomalía institucional» que supone su mandato caducado por el «irresponsable» bloqueo del PP.
Tras criticar que en sus líneas rojas el PP exija no negociar con Podemos cuando no tiene «escrúpulos» para llegar a acuerdos con la derecha, Aranda ha asegurado que en España no está en riesgo la independencia judicial y ha acusado a los populares de «politizar» al CGPJ para ponerlo al servicio de sus «intereses y complejos».
Las críticas al PP han subido de tono con el discurso del líder de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que ha cargado contra ese partido por atrincherarse en el poder judicial y querer convertirlo en un «búnker inexpugnable para seguir controlando los puestos clave de la judicatura».
«¿Se imaginan de un gobierno en funciones que siguiera gobernando oponiendo a renovarse?», ha preguntado Asens a la bancada popular, a la que ha acusado de utilizar la monarquía y el poder judicial «como ariete» contra un Gobierno que, ha subrayado, «está mas unido que nunca» y «no va a ceder a sus chantajes».
Mientras las fuerzas que apoyan al Gobierno acusaban al PP de «secuestrar» el CGPJ, el portavoz del PP, Luis Santamaría, tachaba la reforma de «golpe a la línea de flotación de la democracia española», convencido de que el Gobierno, con «maniobras antidemocráticas y fascistoides», solo busca rebajar las mayorías exigidas para elegir un CGPJ «monocolor» y destruir a la propia institución desde dentro.
Santamaría ha reconocido la legitimidad del Gobierno, pero ha rechazado de plano negociar la renovación del CGPJ con Podemos, un partido «estructuralmente corrupto», apoyado en «narco-regímenes», que «presiona y amenaza» a los jueces y que busca «demoler» las instituciones.
Además de oponerse con dureza a la reforma, Vox ha anunciado que, de salir adelante, la recurrirán ante el Tribunal Constitucional al considerar que «vacía de contenido la Constitución y acaba con la independencia del poder judicial» y que busca que los jueces sean «un instrumento de protección» al Gobierno, al tiempo que ha reprochado a Podemos que quiera «su trozo de pastel» en el CGPJ.
De «insulto» ha tildado la propuesta Ciudadanos, que ha acusado a los partidos de la coalición del Gobierno de buscar «descabezar al poder judicial» al estar en contra de que un CGPJ en funciones cubra las plazas vacantes en los tribunales, y de querer «nombrar a su gente» y hacer «lo mismo que han criticado al PP».
Los socios de Gobierno también han conseguido el apoyo de ERC, que ha considerado «urgente» que «el poder judicial deje de hacer política», al tiempo que ha cargado contra recientes decisiones del Supremo como la revocación del tercer grado a los condenados por el «procés» o la orden de repetir el juicio al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso Bateragune.
También han avanzado su apoyo a la iniciativa desde el grupo del PNV, a pesar de ser contrarios a «reformas exprés» que no cuentan con los informes de los organismos constitucionales, y desde Bildu, que ha puesto la situación judicial de Otegi como muestra de la persistencia de una justicia «de excepción y de venganza» y ha denunciado un ruido de fondo «de togas apolilladas y franquistas».
JxCat ha decidido abstenerse entre duras críticas a la Justicia y a la «franca decadencia de los poderes del estado enfranquistados», en palabras de Jaume Alonso-Cuevillas.
