La Mesa del Congreso ha rechazado este miércoles admitir a trámite la comisión de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por parte del rey Juan Carlos I, solicitada entre otros grupos por Unidas Podemos y a la que se han opuesto los representantes del PSOE, PP y Vox.
Lo más importante: la decisión de la Mesa ha sido contraria a lo que planteaban los letrados del Congreso, que, en su informe, por primera vez se mostraban favorables a tramitarla. Hasta ahora, el cuerpo de juristas se había mostrado contrario a investigar al rey emérito, al entender que la inviolabilidad de éste es permanente.
Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, los tres representantes de Unidas Podemos se han quedado solos votando a favor de que la Junta de Portavoces incluyese en el orden del día la propuesta de crear esta comisión para indagar en el uso de los fondos opacos procedentes del extranjero.
Con esta votación, de nuevo los dos socios de Gobierno han visibilizado posiciones distintas en un asunto que afecta a la Monarquía. Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, el BNG y la CUP solicitaron esta investigación tras conocerse que el rey emérito había presentado una declaración voluntaria para regularizar su situación fiscal ante la Agencia Tributaria.
Este martes, dirigentes de Unidas Podemos, entre ellos el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, apremiaron al PSOE a apoyar una propuesta que consideraban de «higiene democrática». «Fruto de un minucioso trabajo, hemos conseguido sortear las pegas jurídicas. Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política», advertía Echenique a través de las redes sociales.
Pese a la petición de sus socios de Gobierno, los socialistas no se han movido de la posición que han mantenido siempre. En este sentido, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este miércoles que la investigación parlamentaria al rey emérito «no es procedente», pues de aprobarse y ponerse en marcha «se puede de alguna manera tratar de cuestionar nuestras instituciones».
«En una democracia sólida no es bueno que se cuestionen las instituciones», ha opinado la ministra de Defensa en Onda Cero, donde ha reprobado los comportamientos que se están atribuyendo a Juan Carlos I «siempre dentro del marco de la presunción de inocencia» y bajo el principio de que «más arriba de la ley no hay nadie».
A través de las redes sociales, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, de Unidas Podemos, ha respondido a la ministra: «Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones». «Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante», ha añadido.
Hasta la fecha, todas las peticiones en la línea de investigar a la casa real han sido rechazadas por la Mesa del Congreso según el criterio que defendían hasta ahora los servicios jurídicos de la Cámara: no ahondar en las actividades del rey emérito porque su inviolabilidad es permanente.
El rey emérito presentó en diciembre una declaración tributaria voluntaria «sin requerimiento previo», para regularizar su situación fiscal y satisfacer una deuda tributaria de 678.393,72 euros, la cual incluye intereses y recargos, según su abogado.
