El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha argumentado que mantiene provisionalmente las elecciones catalanas el 14F para «preservar la normalidad democrática» y evitar una «situación de bloqueo y precariedad institucional» que afecte a la legitimidad del Govern en plena pandemia.
En contexto: el TSJC ha expuesto este viernes en un auto los motivos por los que ayer acordó mantener cautelarmente las elecciones catalanas el próximo 14 de febrero en lugar de aplazarlas. El Govern había aprobado un decreto –ahora suspendido– para retrasarlas hasta mayo dado que el pico de la tercera ola en Cataluña se prevé para mediados de febrero.
Tras recalcar que el TSJC no obliga a votar «irreversiblemente el día 14 de febrero» ni ha fijado esa fecha, el auto admite que de aquí al día de las elecciones pueden darse «cambios sustanciales» tanto en el estado de alarma como en el ámbito sanitario que pudieran llevar a las «autoridades competentes» a adoptar otra decisión.
El «interés público», según el TSJC, aumenta desde el momento en que el cargo de jefe del ejecutivo, «pilar del gobierno autonómico», está vacante, dado que «no hay presidente o presidenta en funciones sino que dichas funciones las ejercía el vicepresidente por sustitución», cuyas competencias son «limitadas».
El hecho de que el gobierno esté en funciones, en opinión del TSJC, «afecta nuclearmente al principio democrático de responsabilidad política»: sus miembros «son inamovibles, porque nadie les puede cesar, el control político resulta limitado y la actividad legislativa se materializa sustancialmente por la limitada vía del decreto-ley o legislación de urgencia».
Para el TSJC, el estado de alarma vigente en España desde octubre no limita el derecho a voto, ni tampoco lo impiden las restricciones de movilidad, con el confinamiento municipal en Cataluña.
Subraya la sala que proteger la salud tiene un «interés prioritario» para la actuación pública, pero apunta que la pandemia por el coronavirus se está prolongando «indeseablemente» en el tiempo y que frente a ello «no se puede paralizar toda la actividad ciudadana», por lo que se deben seleccionar medidas que concilien la actividad política, económica, social, cultural y familiar y ponderen los «beneficios-riesgos-perjuicios».
La sala también insiste en que el Govern ha aprobado «hasta cinco protocolos» para que las elecciones se celebren con todas las garantías y descarta que, en una «sociedad informada» con medios telemáticos, los partidos tengan problemas para hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos durante la campaña.