La fiscalía rusa se ha declarado favorable este lunes al encarcelamiento de Alexéi Navalni durante varios años. Lo ha hecho un día después de la represión de las manifestaciones en favor del opositor en todo el país.
Lo más importante: la fiscalía ha dicho que apoyaba la petición de encarcelamiento de los servicios penitenciarios rusos (FSIN) por considerarlo «legal y justificado», en un comunicado difundido el lunes, la víspera de la vista en la que el opositor ruso corre el riesgo de pasar de dos a tres años detenido. Los FSIN quieren revocar la suspensión de pena del principal detractor del Kremlin por haber violado su control judicial en un caso que remonta a 2014.
Esta declaración refleja las determinación de las autoridades frente a Navalni, pese a las manifestaciones organizadas el domingo por segundo fin de semana consecutivo en más de un centenar de ciudades de Rusia para pedir su liberación. Según la ONG OVD-Info, más de 5.300 personas fueron detenidas en Rusia, entre ellas 1.800 en Moscú, durante las manifestaciones pro-Navalni del domingo. Se trata de un récord, según esta ONG, en la historia moderna del país. En San Petersburgo, segunda ciudad de Rusia, fueron detenidas casi 1.200 personas, ha añadido la ONG, especializada en el seguimiento de las manifestaciones.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha considerado justificada esta represión al denunciar la participación «de bastantes agitadores y provocadores, más o menos agresivos frente a las fuerzas del orden».
Militante anticorrupción y principal opositor al Kremlin, Navalni, está encarcelado desde el 17 de enero, cuando regresó de Alemania, donde estuvo cinco meses tras un envenenamiento del cual acusa al presidente ruso, Vladimir Putin. El motivo de su detención fue la violación, según las autoridades, de las condiciones de una condena de tres años y medio, con suspensión de pena, pronunciada en 2014, y que ahora podría ser transformada en sentencia firme.
Navalni se arriesga al martes a dos años y medio de cárcel, ya que cumplió en arresto domiciliario parte de la pena.
Los partidarios de Navalni han sido llamados a concentrarse el martes delante del tribunal Simonovski de Moscú, donde será juzgado el opositor. Navalni, de 44 años, es objeto de múltiples procedimientos judiciales —«difamación» o estafa, entre otros— que, considera, se deben a motivos políticos.
Paralelamente, varios de sus aliados y colaboradores están sometidos a arresto domiciliario o son objeto de demandas judiciales en las últimas semanas. Algunos pueden ser encarcelados por haber violado «normas sanitarias» anticoronavirus al organizar las manifestaciones, y otros por incitar a menores a participar en reuniones prohibidas.
Pese a la represión, miles de moscovitas se manifestaron el domingo, en medio de unas medidas de seguridad excepcionales. Y en todo el país, numerosos manifestantes desoyeron las advertencias del Gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas, desde Vladivostok a San Petersburgo, coreando lemas como «¡Libertad!» o «¡Putin es un ladrón!».
La Policía replicó deteniendo a centenares de manifestantes y en varias ciudades, las fuerzas antidisturbios utilizaron sus porras de forma indiscriminada. El mediador de San Petersburgo, Alexander Shishlov, ha denunciado «una operación esencialmente militar».
Las condenas internacionales a esta represión no se han hecho esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado la represión de las manifestaciones mediante el «uso persistente de tácticas brutales» e instó a «liberar a quienes fueron detenidos, entre ellos Alexéi Navalni». El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha denunciado, por su parte, «las detenciones masivas» y el «uso desproporcionado de la fuerza» contra manifestantes y periodistas, y afirmó que «Rusia necesita cumplir con sus compromisos internacionales».
