Biden promete «deshacer la vergüenza» de la separación de familias en la era Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido «deshacer la vergüenza» heredada de su antecesor Donald Trump: la separación de familias migrantes en la frontera con México, la gran mayoría centroamericanas y por la cual cientos de niños siguen apartados de su padres.

En contexto: la política de «tolerancia cero» de Trump, instaurada entre 2017 y 2018, supuso la expulsión de los adultos que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos y la permanencia de los menores bajo custodia federal. Ante la indignación nacional e internacional generada, Trump desistió de aplicar la medida. Pero al menos 1.000 de estas familias podrían estar aún separadas, según la organización de derechos civiles ACLU.

«La administración anterior literalmente arrancó a los niños de los brazos de sus familias (…) sin ningún plan en absoluto para reunirlos», ha asegurado Biden al firmar un decreto que crea un grupo de trabajo para ubicar a estos menores.

Biden ha rubricado además órdenes ejecutivas para abordar las causas fundamentales de la migración y la política de asilo, y para agilizar el sistema de inmigración legal. Las tres iniciativas se suman a otras selladas en su primer día en el cargo, con las que busca revertir el enfoque antiinmigración de la visión de «Estados Unidos primero» de Trump. «No estoy haciendo nueva legislación, estoy eliminando malas políticas».

Junto a él en la Oficina Oval estaba Alejandro Mayorkas, quien acababa de convertirse en el primer latino e inmigrante en encabezar el Departamento de Seguridad Interior (DHS), encargado de supervisar la política migratoria y fronteriza del país.

Mayorkas, nacido en La Habana hace 61 años y llegado de muy pequeño a Estados Unidos junto a sus padres refugiados, fue confirmado el martes por una escasa mayoría de senadores (56-43). Sobre él recaerá la implementación de las directivas de Biden. «Espero con ansias su liderazgo y trabajar con el Congreso en muchos temas, incluido el proyecto de ley de inmigración que, creo, tiene un gran apoyo en ambas cámaras», ha dicho Biden.

Al asumir, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a unos 11 millones de extranjeros indocumentados, más de la mitad mexicanos y centroamericanos. Esta ambiciosa reforma migratoria debe superar sin embargo la reticencia de muchos republicanos.

Como muestra de esos recelos, el senador republicano Lindsey Graham lamentó los esfuerzos de Biden para «suprimir parte de los avances» de Trump contra la inmigración ilegal. Según él, sus medidas «son recetas para el desastre y crearán una afluencia a la frontera».

En rueda de prensa, la portavoz de Biden, Jen Psaki, desalentó sin embargo cualquier viaje de migrantes a Estados Unidos. «Necesitamos tiempo para poner en marcha un proceso de inmigración para que las personas puedan ser tratadas con humanidad».

El Gobierno de Biden podría autorizar el regreso a Estados Unidos de los padres deportados o la emisión de tarjetas de residencia para quienes ya vivan en el país indocumentados. Se evaluará caso por caso, dijeron altos funcionarios.

Biden también prevé enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que impulsa la migración, con lo cual se propone colaborar con los gobiernos regionales para reforzar las capacidades de brindar protección y oportunidades a los migrantes.

El segundo decreto firmado el martes por Biden también instruyó al DHS tomar acciones para poner fin a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP en inglés) del gobierno de Trump, más conocidos como «Quédate en México», por el cual los solicitantes de asilo deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.

Desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar, hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas habían sido devueltas a México bajo los MPP, según datos de la ONG American Immigration Council.

Biden también quiere «restaurar la fe» en el sistema de inmigración legal estadounidense, para lo cual ordenó «una revisión completa de las políticas migratorias perjudiciales y contraproducentes de la administración anterior». Este decreto busca «agilizar» el proceso de naturalización «y hacerlo más accesible a los más de nueve millones de inmigrantes que actualmente son aptos» para solicitar la ciudadanía, según la Casa Blanca.

También supone la revisión de la «regla de carga pública» creada en agosto de 2019 por Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente («green card»), o la ciudadanía, a quienes reciben algún tipo de asistencia social.