Las "anormalidades democráticas" de las que el vicepresidente Iglesias no habla
El líder de Podemos habló de la falta de «plenitud» democrática en España obviando varias polémicas protagonizadas por el Gobierno del que es vicepresidente
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este lunes que en España «no hay una situación de plena normalidad política y democrática». El líder de Podemos hizo estas declaraciones en referencia a los presos del ‘procés’, condenados por sedición y malversación, y a menos de una semana de las elecciones en Cataluña.
Las palabras de Iglesias han abierto la enésima división en el seno del Gobierno, con los ministros socialistas saliendo al paso de sus declaraciones y subrayando la calidad del sistema democrático en España.
Con todo, al hilo de lo dicho por Iglesias, cabe recordar algunos hitos de dudosa plenitud democrática impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez —y en que el líder de Podemos actúa como vicepresidente—, algunos condenados por instituciones supranacionales.
El caso Dolores Delgado
El segundo Gobierno de Pedro Sánchez se inauguró con un hecho sin precedentes en la democracia. La hasta entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, abandonó el Ejecutivo para ser nombrada fiscal general del Estado.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló su nombramiento, lo hizo con un notable rechazo. Doce consejeros votaron a favor de la confirmación, de los cuales dos lo hicieron manifestando que la designación de Delgado dañaba la imagen de la institución, y otros siete votaron en contra.
Desde entonces, la oposición ha visto en el Ministerio Público un cambio en la fiscalización que este organismo hace de la actividad del Gobierno, motivado precisamente por el hecho de que Delgado solía sentarse en ese mismo Consejo de Ministros.
La reforma del CGPJ
Otro de los hitos de dudosa plenitud democrática impulsados por el Gobierno tiene que ver con la reforma del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puso sobre la mesa un proyecto de reforma que pretende disminuir las mayorías parlamentarias suficientes para nombrar a los seis vocales del CGPJ cuya elección depende actualmente de tres quintos de los apoyos del Congreso y el Senado.
Este proyecto de reforma ha recibido fuertes críticas desde el entorno de la Judicatura, como desde la Asociación Profesional de la Magistratura o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Pero la censura también han llegado desde la propia Bruselas. En concreto, el Consejo de Europa alertó de que la reforma del Gobierno podía resultar «en una violación de las normas anticorrupción» de este organismo y reivindicó la separación de poderes.
El cese de Pérez de los Cobos
También sobre la separación de los poderes ejecutivo y judicial versa una polémica acaecida en mayo de 2020. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
El motivo fue que Pérez de los Cobos se negó a informar al ministro de las pesquisas contenidas en un informe que el Instituto Armado, actuando como policía judicial, había remitido a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Esta se encontraba investigando al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un delito de presunta prevaricación al haber autorizado la manifestación feminista del 8-M en el contexto de la pandemia.
Marlaska se limitó a justificar el cese por una «pérdida de confianza».
Uso partidista de cuentas oficiales
Precisamente el titular de Interior protagonizó otra polémica reciente, esta vez relacionada con el uso partidista de medios públicos. Marlaska utilizó la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Interior para alabar la gestión de Illa como ministro de Sanidad cuando este abandonó la cartera y para destacar sus cualidades como candidato a la Generalitat catalana.
La Junta Electoral Central dictaminó que el ministro vulneró con su mensaje el principio de neutralidad política recogido en la Constitución.
Purga en el Consejo de Transparencia
Podría decirse que una democracia vale lo que valen sus contrapoderes (o sus ‘checks and balances’, que dirían los anglosajones). En este sentido, en España es especialmente valiosa una institución de reciente creación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Este organismo ha incomodado en numerosas ocasiones al Ejecutivo en los últimos meses preguntando por el comité de expertos que supuestamente asesoraba a Sanidad en la gestión de la pandemia, por el uso que Pedro Sánchez ha hecho del avión presidencial, el famoso Falcon, o por los detalles sobre las vacaciones del presidente del Gobierno.
Pues bien, el pasado mes de octubre el Gobierno decidió poner al frente de esta entidad a un hombre afín, José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la Agencia de Protección de Datos con Zapatero y jefe de gabinete del exministro socialista de Justicia Francisco Caamaño.
Además, desde Moncloa también se acometió un proceso, que la oposición no dudó en catalogar como «purga«, sobre algunos de los funcionarios Transparencia que más habían incomodado al Gobierno. Fue el caso, por ejemplo, de Esperanza Zambrano, que fue destituida de su cargo de subdirectora de reclamaciones dentro del organismo.
Ataques a periodistas
Otra característica de toda democracia que se precie de serlo es la libertad de prensa y, si bien este derecho parece bien blindado en la Constitución, Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, no ha dudado en numerosas ocasiones en señalar públicamente a medios y periodistas.
Así, la formación morada, a través de su órgano de propaganda ‘La Última Hora’, ha dirigido campañas contra profesionales de la información que con su trabajo han destapado realidades incómodas para Podemos. Entre estos periodistas señalados se encuentran, entre otros, Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Carlos Alsina, Carlos Herrera o Susanna Griso.
Encubrimiento de 30.000 muertes por COVID
Por último, durante la gestión de la pandemia del coronavirus, el Gobierno ha ocultado información clave a los ciudadanos. Ejemplos de ello son ciertas irregularidades en la compra de material sanitario durante las primeras semanas de la crisis sanitaria o el persistente silencio sobre los expertos que asesoraron al Gobierno durante el proceso de desescalada.
Sin embargo, el encubrimiento más sangrante está siendo, pues aún se produce, el de la cifra real de muertos durante la pandemia. Organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) o la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios sitúan esa estadística en unas 30.000 funciones más de las que reconoce Sanidad.
