El PP ha presentado una batería de enmiendas a la proposición de ley para la igualdad de trato y la no discriminación del PSOE (ley Zerolo), que considera «muy intervencionista», a fin de respetar los derechos individuales en casos como el alquiler de una vivienda o el derecho de admisión.
En contexto: la proposición de ley registrada por el PSOE estima que se debe respetar la igualdad de trato y no discriminación en la venta, alquiler, intermediación inmobiliaria y portales de anuncios y prohíbe, asimismo, rehusar una oferta de compra o arrendamiento por cualquiera de las causas de discriminación previstas en la norma.
En este sentido, la diputada popular Marga Prohens ha indicado a Efe que «presentamos todo un paquete de enmiendas intentando hacer un equilibrio entre el espíritu de la ley de no discriminación y no pisar los derechos individuales. En algunos aspectos era muy intervencionista y con la excusa de la no discriminación pasaba por encima de la libertad individual a la hora de alquilar una propiedad o de preservar el derecho de admisión en un local particular». Igualmente, la portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, María del Carmen Dueñas, ha explicado que la limitación de la actividad comercial en este sentido haga referencia únicamente a las empresas que contraten con la administración.
Entre sus enmiendas, el PP también propone suprimir del articulado la creación de un Comisionado para la igualdad de trato y la no discriminación «para no generar más gasto público», y sustituir esta figura por una autoridad independiente que dependa del Defensor del Pueblo. Este grupo tampoco comparte la inversión de la carga de la prueba en una ley que no es orgánica ni «caer en la trampa de decir que en los centros de educación especial o diferenciada por sexos se discrimina» y por tanto impedir que accedan a los conciertos con la administración.
Por último, han incluido enmiendas que en su día fueron rechazadas en la ley de infancia, como la protección de los menores frente a los peligros de las nuevas tecnologías o la necesidad de una jurisdicción específica para la infancia y la adolescencia.
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado más de 60 enmiendas a la ley Zerolo para reforzar la asistencia integral a las víctimas de discriminación y afinar el régimen sancionador, que considera «muy laxo» en el texto socialista. Así, la portavoz de Igualdad de Cs en el Congreso, Sara Giménez, ha adelantado que con sus enmiendas pretenden incluir en el Código Penal el antigitanismo y la aporofobia, cambiar la figura del Comisionado por una Autoridad independiente que tenga potestad para instruir los expedientes de discriminación. También aspiran a modificar la ley de extranjería para que a los extranjeros en situación administrativa irregular que sean víctimas de discriminación y lo denuncien no se les abra un expediente de expulsión, como se hace con las víctimas de trata o de violencia de género, y que estas víctimas reciban asistencia jurídica gratuita.
En abril, Unidas Podemos ya registró más de 70 enmiendas a esta norma, entre las que pedía incluir en el Código Penal el antigitanismo, la aporofobia, la afrofobia, la negrofobia y la islamofobia. También pretende modificar la Ley de Extranjería con el objetivo de que no se sancione a los extranjeros que sean víctimas de delitos de odio y de reducir los años para adquirir la nacionalidad y se concretan las sanciones «para dotar a la norma de mayor seguridad jurídica».
La ley para la igualdad de trato, cuyo registro en solitario por el PSOE supuso un conflicto con su socio de Gobierno -que se abstuvo en la votación para su toma en consideración en el Congreso-, pretende crear un comisionado para la igualdad de trato, promover una estrategia estatal contra la discriminación y establecer un régimen sancionador. Como punto final, este jueves ha concluido en la Cámara Baja el plazo de presentación de enmiendas para esta ley.
