El Supremo revisa mañana la condena a Isa Serra por atentado a la autoridad
La portavoz de Podemos tiene una condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad
La portavoz de Podemos tiene una condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad
El Tribunal Supremo celebra mañana una vista pública para revisar el recurso que presentó la portavoz de Podemos, Isa Serra, contra su condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad a raíz del intento de frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero de 2014.
Serra, que tras la marcha de la política de Pablo Iglesias se queda al frente del grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, fue condenada también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo y una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos.
En principio la condena no implicaría el ingreso en la cárcel, por unos hechos que sucedieron antes de que Serra obtuviera un escaño en la Asamblea.
El tribunal que revisará su recurso está compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral (ponente), Ana Ferrer y Carmen Lamela.
La ahora líder de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que fue condenada por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños y absuelta de desórdenes públicos, recurrió la sentencia ante el Supremo pidiendo su absolución al entender que la condena es «injusta» al «carecer de pruebas» sobre las acusaciones.
Por ello, su defensa ha solicitado al Supremo «no sólo que revise la sentencia», sino que «reevalúe la prueba», ya que insiste en que el TSJM la condenó de forma «arbitraria» al basarse solo «en el testimonio de agentes de policía que la identificaron días después en mediante un procedimiento irregular».
En el recurso, la defensa de Serra asegura que el TSJM no tuvo en cuenta «todos los vídeos y fotografías de aquel día la muestran en actitud pacífica», por lo que consideran que «se ha vulnerado su presunción de inocencia», al sustentarse «exclusivamente» en «vagas e imprecisas» declaraciones de agentes de Policía Municipal.
