El PP advierte de que recurrirá los indultos a los presos del 'procés' y avisa de que harían peligrar la reforma del CGPJ
El ministro de Justicia afirmó que las medidas de gracia debían ser vistos «con naturalidad» y «sin asustarse»
El ministro de Justicia afirmó que las medidas de gracia debían ser vistos «con naturalidad» y «sin asustarse»
El Partido Popular rechaza los posibles indultos a los condenados por el ‘procés’ independentista de Cataluña y, si el Gobierno de Pedro Sánchez los aprueba sin que exista arrepentimiento por parte de los presos, los recurrirá al Tribunal Supremo porque considera que son un pago político.
El número dos del PP, Teodoro García Egea, se preguntó este lunes si el Gobierno está «pagando un precio político a través de esos indultos» y si hay un «pacto oculto», mientras que el portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado de «pago a plazos» de Sánchez a sus socios.
Como ya anunció el presidente del PP, Pablo Casado, los ‘populares’ se han comprometido a recurrir los indultos ante el Tribunal Supremo porque lejos de existir arrepentimiento, consideran que el independentismo ha sostenido que «lo volverán a hacer» durante la investidura del nuevo presidente de la Generalidad, Pere Aragonès.
La reacción por parte del PP ha llegado al hilo de las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmó este lunes que los indultos son un instrumento previsto en la ley y «hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, parcial o total, no hay que asustarse».
A la amenaza del PP de recurrir al Supremo se suma las consecuencias que la concesión de los indultos podría tener entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Por lo pronto, el diario ‘El País’ publica que la primera damnificada sería la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato venció hace más de dos años y medio. Según fuentes populares citadas por el diario de Prisa la renovación del Poder Judicial sería «casi imposible» en caso de que el Gobierno diese luz verde a las medidas de gracia.