La cruzada de Keiko Fujimori para anular miles de votos de las elecciones presidenciales de Perú, en donde Pedro Castillo obtuvo ya la mayoría de los votos, generó este viernes una tensión insólita cuando el Jurado Electoral le dio permiso para impugnar actas fuera de plazo, medida de la que luego se retractaron.
En contexto: después de que la mayoría de los recursos de Fujimori para anular votos no fueran presentados a tiempo, el máximo órgano electoral de Perú tenía intención de darle una prórroga extraordinaria, lo que desde el izquierdista partido Perú Libre, del que es candidato Castillo, fue calificado como «inconstitucional» y una «amenaza de golpe». Mientras, el recuento de votos avanza lentamente a su final, donde a falta de computarse el 0,328% de los votos, Castillo logra el 50,168% de las preferencias frente al 49,832% de Fujimori, un estrecho margen de 58.490 votos (0,332%) que ya es insalvable para la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular.
«Hay una pretensión torpe de querer dar un golpe de Estado desde el Jurado Nacional de Elecciones», aseguró en conferencia de prensa Dina Boluarte, la candidata a vicepresidente del izquierdista Castillo.
Por su parte, el abogado Aníbal Quiroga, asesor legal de Perú Libre, advirtió que, si se ampliaba el plazo, el JNE estaba «violando la Constitución y la ley, creando una tremenda inseguridad jurídica».
«Le hace el juego así a la organización delictiva que ha participado en estas elecciones (el fujimorismo) y que no tendría ningún escrúpulo de llevar al país a la guerra civil para que sus intereses y privilegios no se vean afectados», añadió Quiroga.
Una gran presión popular surgió después de que se filtrara en medios nacionales la decisión del JNE, cuyo presidente Jorge Luis Salas, es amedrentado desde hace días por simpatizantes de Fujimori concentrados ante su vivienda para gritarle «terrorista».
En principio los cuatro magistrados que forman parte del organismo habían planteado aceptar todos los recursos para anular actas presentadas por Fujimori (unos 800) y por Perú Libre (unos 50) hasta este viernes, después de que buena parte de ellos fueran presentados fuera del plazo estipulado por la normativa electoral.
En total son alrededor de 200.000 votos los que Fujimori pretendía anular, en su mayoría de zonas andinas y rurales donde Castillo tuvo un apoyo abrumador, tras denunciar sin pruebas fehacientes un supuesto «fraude sistemático» por parte de su rival.
A la denuncia de Fujimori se contrapone el informe emitido por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no encontró graves irregularidades en los comicios pero instó a ambos candidatos a aguardar la resolución de todos los recursos en manos de los jurados electorales.