El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido al representante de España en la agencia europea de cooperación judicial, Eurojust, un oficio para que traslade al tribunal italiano de Sassari que la euroorden emitida en octubre de 2019 contra el expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont «sigue vigente». Llarena pide igualmente a la Justicia italiana «la entrega inmediata» de Puigdemont «a la jurisdicción española» para continuar el procedimiento contra él.
En el documento, el magistrado recuerda a las autoridades de Italia, donde Puigdemont fue detenido la semana pasada, que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont el pasado 8 de marzo.
En primer lugar, el juez recuerda que las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre el cuestiones prejudiciales establecen que la presentación de una cuestión prejudicial «comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie». Pero, a renglón seguido, subraya que esas mismas recomendaciones establecen también que «la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria», sino que dependerá de «lo que decida el órgano jurisdiccional nacional».
En caso de que Puigdemont reclamara de nuevo la recuperación cautelar de su inmunidad y le fuera concedida, Llarena solicita a la Justicia italiana que suspenda el proceso de entrega, pero adoptando las medidas necesarias para garantizar la entrega de Puigdemont cuando hubiera dejado de disfrutar de su inmunidad. Para el caso contrario, es decir, que se mantenga la retirada de inmunidad, y solo para el caso de que el tribunal italiano entendiera que la respuesta a la cuestión prejudicial puede condicionar su decisión, el instructor señala la posibilidad de que la autoridad judicial italiana paralice el procedimiento de ejecución hasta que el TJUE se pronuncie, subrayando que esta es la posición que ha seguido Bélgica.
