El Consejo de Ministros aprobará una nueva prórroga la semana que viene del decreto con las medidas del llamado «escudo social», entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables, ha confirmado este martes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
En esa misma reunión del 26 de octubre, el Ejecutivo dará luz verde y remitirá a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que -según fuentes de Transportes- incorporará de forma estructural esas medidas, adoptadas de forma excepcional con motivo de la pandemia hace año y medio.
Varias prórrogas del decreto
Desde entonces, el decreto se ha ido prorrogando, pero vuelve a expirar el 31 de octubre, por lo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este martes una nueva extensión del plazo.
«Somos conocedores de que el plazo finaliza el próximo 31 de octubre y en la intención del Gobierno está proceder a la prórroga del escudo social y de esas medidas en el próximo Consejo de Ministros», ha afirmado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
Beneficiados por el escudo social
Según datos del Gobierno, las medidas del escudo social protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades económicas agravadas con la pandemia.
El Consejo de Ministros remitirá a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo día 26, tras casi un año de negociación entre los socios de gobierno, tras lo cual el texto volverá al Gobierno, que introducirá las oportunas modificaciones y aprobará el proyecto de ley que remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
El TC revisará la ley catalana para frenar los desahucios de los más vulnerables
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a tramite hace unos días el recurso del Gobierno contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña que refuerza la normativa para evitar más desahucios y garantizar que los grandes tenedores de vivienda ofrezcan alquileres sociales a las personas vulnerables.
El pleno del tribunal de garantías dictó el pasado 14 de octubre una providencia en la que acuerda dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso, al Senado, al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El Ejecutivo central no pidió la suspensión automática del decreto ley de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia que, según Moncloa, podría vulnerar las competencias del Estado en materia de legislación procesal.
El Gobierno de la Generalitat aprobó en noviembre del pasado año un decreto ley que busca frenar los desahucios de los más vulnerables al obligar a los grandes propietarios a «acreditar» que se ha ofrecido al inquilino un alquiler social antes de poder iniciar el proceso de desalojo.
Se consideran «personas y familias vulnerables» quienes viven «una situación de vulnerabilidad acreditada ya antes de la pandemia», quienes «ocupan el piso donde viven desde antes de junio de 2019 sin título habilitante», a quienes se le ha extinguido «el contrato de alquiler con un gran tenedor» y «personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias».
