La sede del Partido Popular en Barcelona ya no tiene el cartel de venta después de que la formación de Pablo Casado haya cerrado en octubre con Caixabank la refinanciación de la hipoteca que pesa sobre este inmueble ubicado en la calle Conde de Urgell, según desvelan fuentes populares a THE OBJECTIVE.
Con la salida de la sede nacional de Génova en el horizonte, el PP ha aceptado ampliar la carencia en el pago de la hipoteca en Barcelona, lo que implica saldar más tarde la devolución del préstamo. Sin embargo, tendrá que abonar más intereses por el mismo, apuntan las citadas fuentes. Lo más positivo para los populares es que ven reducida la letra mensual que les estaba ahogando y que ascendía a unos 9.000 euros mensuales.
Gracias al acuerdo suscrito hace unas semanas con la entidad financiera, la cuota hipotecaria por Conde de Urgell desciende a los 6.000 euros. «La urgencia por vender ya no está sobre la mesa», subrayan las citadas fuentes. Una cifra asumible para el PP y que equivale a un alquiler de oficinas en la misma zona, por lo que el partido de Casado ha decidido abortar la venta de la sede en el portal inmobiliario de Idealista, en el que aparecía como «local comercial» con posibilidad de ser utilizado como «sede corporativa».
El PP puso en venta su sede en Barcelona en 2015 por dos millones de euros con la ayuda de la consultora española Savills Aguirre Newman. Los populares son propietarios desde principios de siglo de unos bajos con dos plantas y una superficie construida de 1.000 metros cuadrados. La compra se produjo en 2004, después de abandonar la antigua sede que estaba diez números más arriba de la misma calle.
Última rebaja en la venta
Este año se fichó a la alemana Engel&Völkers para intentar cerrar la operación inmobiliaria y el PP rebajó el precio a 1,8 millones de euros, pero la cifra seguía siendo una de las más altas de toda Barcelona. De ahí que en el PP se valorase la opción de negociar la refinanciación del préstamo con Caixabank.
Los populares deben, a día de hoy, alrededor de 1,2 millones de euros de la hipoteca que firmaron en su día con la antigua La Caixa, por lo que con la nueva carencia no saldarán la deuda y los intereses de la misma hasta dentro de unos 15 o 20 años.
El PP catalán ha visto mermada su capacidad financiera en los últimos años por culpa de los malos resultados electorales -solo cuenta con tres diputados en el Parlament-. Sin embargo, la última palabra en una operación bancaria de este tipo la tiene Casado pues es el partido -a nivel nacional- el dueño de la sede de Urgell, al igual que lo es de Génova o de otras locales de afiliados repartidos por toda la geografía española.
Una vez solventado el quebradero de cabeza de la sede de Barcelona, el PP se podrá centrar en el futuro de las oficinas de la calle Génova. A principios de octubre encargó a la consultora Colliers que le asesore para decidir si alquila o vende el edificio que tienen en propiedad en el centro de Madrid, según adelantó El Confidencial.
36 millones por Génova
La mudanza del PP se ha ralentizado pese a que el líder de los populares dio a entender un día después de los malos resultados del 14-F en Cataluña que la salida sería rápida debido al frente judicial del caso Kitchen. Génova cuenta con 10.243 m2 distribuidos en nueve plantas de oficinas y otras cuatro de aparcamiento.
Una distribución que atrae el interés de las principales empresas inmobiliarias. Según los cálculos de Idealista en el momento del anuncio, el PP podría conseguir hasta 36 millones de euros por la venta del edificio. Si finalmente opta por arrendar, obtendría entre 140.000 y 160.000 euros del alquiler mensual. Colliers se hará cargo de las ofertas que reciba por el edificio de Génova y buscará una alternativa de nuevas oficinas para el principal partido de la oposición, que desea seguir cerca de su actual emplazamiento.
La formación de Casado aún no ha decidido si se decantará por la compra de la nueva sede -como hicieron en su día el PSOE en Ferraz o Podemos en la calle Francisco Villaespesa– o bien optará por el alquiler siguiendo el ejemplo de Ciudadanos y Vox. El partido de Inés Arrimadas paga unos 30.000 euros mensuales por el edificio de la calle Alcalá, mientras que el de Santiago Abascal desembolsa unos 25.000 euros por el de Bambú.