El secretario de Estado de Migraciones comparece por fin en el Senado un año después de que lo solicitara Vox
Jesús Mérida | Zuma Press
El 11 de diciembre, en plena crisis migratoria, Vox solicitaba la comparencia con carácter de urgencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, para explicar el traslado de inmigrantes desde Canarias a los aeropuertos de Granada, Sevilla y Málaga. Tres meses más tarde, el BOE publicaba su cese para presentarse como número dos del PSOE en las elecciones autonómicas en Madrid, celebradas en mayo. Jalloul nunca dio explicaciones en la Cámara Alta, pero tampoco lo ha hecho su sustituto, Jesús Javier Perea. Lo hará este jueves, 11 meses después de la solicitud que registró la formación que preside Santiago Abascal.
«Es una auténtica vergüenza. En primer lugar, por las circunstancias que hemos vivido, con un aumento indiscriminado de llegada de inmigrantes ilegales propiciado por este Gobierno. Luego, porque hemos agotado el 25% de la legislatura», se queja Jacobo González-Robatto, senador de Vox. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostienen que el secretario de Estado apenas lleva en el cargo unos meses (desde el 6 de abril) y que durante este tiempo ya ha comparecido en el Congreso en dos ocasiones. «Y ahora lo hace en el Senado a petición propia para establecer las líneas generales de su departamento», insisten desde el ministerio. En Vox les contradicen: «Deben estudiarse mejor el orden del día, donde aparece la comparecencia a petición nuestra».
El grupo socialista del Senado echa balones fuera. Explica que el calendario de las comparencias lo establece la Mesa de la Cámara y que la comisión a la que acude Perea, la de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, abarca muchas áreas y es complicado atender a todas las peticiones. «En un Estado democrático se deben rendir cuentas a aquellas fuerzas que lo exijan. Este no es un caso aislado y eso nos lleva a preguntarnos si el Gobierno quiere que el resto de partidos conozca lo que sucede y lleven un control. El Senado no se utiliza. ¿Vale para algo?», se pregunta retóricamente González-Robatto. No obstante, el Reglamento de la Cámara no incluye un tiempo máximo para que un miembro del Gobierno sea fiscalizado por el resto de fuerzas.
«Criminalizar a los inmigrantes»
Vox sostiene que durante la crisis migratoria del año pasado miles de inmigrantes fueron trasladados desde Canarias a distintas ciudades españolas en vuelos comerciales. A principios de año, el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a admitir que desde junio a diciembre de 2020 había trasladado a más de 2.000 personas a la península dentro del programa de atención humanitaria. Un asunto por el que, explican desde la formación que preside Abascal, el Gobierno debe ofrecer una explicación. Otros grupos políticos les acusan de «criminalizar a los inmigrantes».
Entre enero y diciembre del año pasado, España vivió una crisis humanitaria sin precedentes. Según fuentes oficiales, durante ese tiempo llegaron a las costas españolas casi 40.000 personas en patera, la mitad solo a Canarias. La magnitud de la tragedia se vislumbra al comparar esos datos con los de 2019, cuando en el mismo periodo apenas llegaron a nuestro país la mitad de migrantes. Para hacer frente a la oleada migratoria del año pasado, el Gobierno gastó más de 12 millones de euros, con los que cubrió las necesidades básicas de estas personas: alimentos, campamentos provisionales y transporte.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deslizan a THE OBJECTIVE que el secretario de Estado de Migraciones acude al Senado a trazar las líneas generales de su departamento, a explicar los presupuestos de 2022 y a comentar la reforma del Reglamento de Extranjería aprobado hace unas semanas. El actual secretario de Estado fue nombrado en abril. Hasta entonces había sido el director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y previamente había sido diputado autonómico en esa región. También ha sido director general de Administración Local en Castilla-La Mancha y asesor en el Congreso de los Diputados.
