Las formaciones independentistas del Congreso han presentado una serie de enmiendas conjuntas a la Ley de Memoria Democrática entre la que destaca una que pide la supresión del título de Rey por haber sido concedido a Juan Carlos I por un «régimen ilegal», en referencia a la dictadura franquista. En concreto, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG, han registrado seis enmiendas parciales a la Ley de Memoria Democrática, que se tramita en el Congreso y que sustituirá y ampliará la Ley de memoria histórica vigente desde 2007.
El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha rechazado las enmiendas contra la existencia de la figura del Rey porque esta está en la Constitución. En este sentido, ha precisado que el PSOE respalda el acuerdo constitucional y, por lo tanto, ni el Rey ni la Monarquía están sometidas a debate en el seno del partido.
Entre otras propuestas, las formaciones independentistas abogan por la supresión del título de Rey de España «así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan» y justifica su enmienda citando un artículo de la propia Ley de Memoria.
A su juicio, su petición está plenamente justificada puesto que la norma plantea la revisión o directamente la retirada de reconocimientos, honores y distinciones «que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de las sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».
El príncipe Juan Carlos exaltó la dictadura
Según argumentan en su enmienda, recogida por Europa Press, la actual Monarquía «tiene su origen» en la dictadura franquista y Juan Carlos I exaltó la Guerra Civil y la dictadura al jurar lealtad al Caudillo y a los principios del Movimiento Nacional cuando fue nombrado ‘Príncipe de España’ y su sucesor en la Jefatura del Estado en 1969.
Asimismo, aducen que nunca se ha permitido que «la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de Estado preferida», puesto que en el referéndum sobre la Constitución de 1978 se votó a la vez sobre «la forma del Estado, su jefatura y el sistema constitucional».
«Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento», señalan estas formaciones que, no obstante, podrían toparse con el veto de la Mesa del Congreso por proponer una revisión constitucional a través de una enmienda parcial a una ley.
Ley de amnistía
Estos partidos utilizan también sus enmiendas para derogar parte de la Ley de Amnistía de 1977, modificarla y añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se pueda juzgar a los responsables de «genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos» durante la contienda civil o el franquismo.
Otra de las enmiendas fija un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que la Prefectura Superior de Policía de Cataluña, sita en Vía Laitana 43, de Barcelona, sea devuelta a la Generalitat «con la debida dotación presupuestaria para su museización y transformación en un centro de memoria democrática».
También, establece un plazo de seis meses para que se facilite a la Generalitat copia de todos los atestados pertenecientes a esta sede policial, fechados entre 1938 y 1986, que se encuentren en el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional
La cesión de las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián es otra de las reclamaciones de estos partidos. En concreto, quieren que este enclave, que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Franco en la ciudad, residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y lugar de tortura de los etarras Lasa y Zabala, sea cedido en un plazo de un año y con sus muebles, ajuar y documentos intactos.
Persecución cultural y lingüística
Además, los partidos independentistas piden incluir una disposición adicional en la nueva ley que para que se reconozca, se estudie y se divulgue «la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas aragonesa, asturiana, catalana, gallega, occitana y vasca» perpetrada por el franquismo».
Estas formaciones también son partidarias de que es establezcan mecanismos para la devolución de los ateneos, asociaciones culturales y otras entidades a sus legítimos dueños de manera que se reconozca y reparen el expolio al que fueron sometidos por el franquismo.
