El líder de Cs Extremadura oculta una vivienda en Mérida para cobrar dietas del Parlamento
David Salazar evitó notificar a la Asamblea extremeña la existencia del piso de su pareja. Fuentes parlamentarias cifran en casi 3.500 euros el cobro indebido de dietas por kilometraje
El coordinador autonómico de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, ha ocultado durante dos años y medio a la Asamblea extremeña la existencia del domicilio conyugal en Mérida en el que ha vivido con su pareja y familia mientras cobraba dietas por desplazamiento desde Badajoz. El portavoz naranja regularizó la semana pasada este hecho después de que THE OBJECTIVE se pusiese en contacto con él para pedirle explicaciones sobre este asunto.
El Parlamento extremeño exige a sus diputados que firmen al principio de cada legislatura una declaración financiera y patrimonial de cada uno de ellos, así como del «cónyuge o persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal».
El primer punto de esta declaración es el relativo a bienes inmuebles urbanos y rústicos. En él se tiene que indicar la superficie en metros cuadrados de los eventuales inmuebles, qué participación se tiene, cómo se ha adquirido -mediante compraventa, donación, legado o herencia- y el valor catastral de los mismos.
Salazar no tiene ninguna vivienda a su nombre pero sí su pareja, María Luisa Iglesias, quien desde el 18 de julio de 2019 aparece en el Registro de la Propiedad como propietaria al 100% de una casa en Mérida, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
La adquisición de ese piso fue, por tanto, posterior a la entrada de Salazar en la Asamblea extremeña, pero en las sucesivas actualizaciones de la declaración financiera y patrimonial que firmaron el líder de Cs Extremadura y su pareja -tanto en enero de 2020 como en enero de 2021- no se aportó ninguna información sobre ese domicilio.
Pinche aquí para ver la declaración patrimonial del líder de Cs Extremadura y su pareja:
Fuentes de la Asamblea extremeña consultadas por THE OBJECTIVE consideran que tal omisión desde el inicio de la legislatura le ha permitido a Salazar cobrar indebidamente cerca de 3.500 euros en dietas de desplazamiento desde Badajoz, a razón de 26,84 euros por cada trayecto, aprovechando que el portavoz naranja en el Parlamento regional mantiene su empadronamiento a día de hoy en la localidad pacense.
Preguntado por las razones por la que no ha comunicado a la Cámara la vivienda de su cónyuge, Salazar negó en un principio a este periódico cualquier ánimo de ocultación, señaló que se trataba de un «olvido» que sería subsanado «de inmediato» y que trasladaría la información de ese piso a la Cámara para su actualización en la web.
Posteriormente, puntualizó que en enero de este 2021, en el momento de firmar la última declaración financiera y patrimonial, no se acordaba de los datos del inmueble de su cónyuge y que comunicó «de buena fe» a la Asamblea que lo transmitiría a la mayor brevedad posible. El pasado mes de mayo, según su testimonio, entregó la información a su grupo parlamentario para que lo transfiriera a la Cámara, pero no llegó a su destinatario final. Salazar no supo aclarar a quién dio esos datos de la vivienda de su pareja en Mérida y simplemente lamentó no haber realizado él mismo ese trámite entregando el escrito «en mano».
El coordinador autonómico de Ciudadanos también alega que ha comunicado a la Asamblea varios cambios de domicilio a lo largo de la legislatura entre el piso conyugal de Mérida y otro familiar en Badajoz, por lo que en algunos momentos de la legislatura no ha cobrado esas dietas por desplazamiento. Ello se ha debido a motivos personales, una situación de la que puso al corriente tanto a la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, como al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, según Salazar.
Esos cambios de domicilio aparecen en la página web de la Asamblea extremeña, donde se incluye la indemnización por kilometraje de cada uno de los diputados que tienen su residencia habitual fuera de Mérida y necesitan desplazarse a la capital autonómica para los plenos o las comisiones. Por ejemplo, Salazar cobró dietas al inicio de la legislatura por residir en Badajoz entre junio y noviembre de 2019, momento en el que fijó por primera vez su vivienda en Mérida.
El líder de Cs Extremadura insiste a este diario en que fue a finales de ese año cuando se instalaron en la capital extremeña, pero compañeros de su partido replican que antes de la compra de ese domicilio vivían juntos de alquiler en la misma urbanización de Mérida, por lo que estiman que se trata de una «mentira» de Salazar y que en esos cinco meses de 2019 ya incurrió en un cobro indebido de las dietas.
Escrito bajo sospecha
En septiembre de 2020, tras lo más duro del primer estado de alarma por el coronavirus y coincidiendo con su ascenso al puesto de coordinador autonómico de Cs Extremadura, Salazar volvió a fijar su residencia en Badajoz mediante un escrito que él mismo entregó al departamento de Asuntos Económicos de la Cámara. Lo hizo un viernes al filo de la hora de comer, justo antes del cierre del registro, y la vía elegida por el entonces portavoz adjunto naranja causó sorpresa entre los funcionarios, pues el cauce habitual es enviar este tipo de escritos a la Mesa o a la presidencia de la Asamblea.
Según las citadas fuentes, Salazar quería en realidad «ocultar» a Martín y al resto de grupos parlamentarios que volvía a cobrar las dietas de kilometraje desde Badajoz, donde afirma que ha estado viviendo hasta el pasado mes de octubre, que comunicó otra vez a la Asamblea un nuevo cambio de domicilio a Mérida.
Sin embargo, en ese año y un mes de estancia en la ciudad pacense el propio Salazar ha subido fotos en sus redes sociales en las que aparece en el ascensor y el interior de su vivienda conyugal de Mérida, por lo que las fuentes parlamentarias de la Asamblea ponen en duda su presencia física en Badajoz.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento extremeño no es el único diputado en el punto de mira por el cobro de dietas. Joaquín Macías, coordinador regional de IU dentro de la formación Unidas por Extremadura, reconoció la pasada semana al diario Hoy la recepción indebida de algunas indemnizaciones por kilometraje ya que comunicó a la Asamblea que su domicilio habitual se encontraba en Monesterio cuando, en realidad, la mitad de cada mes reside en Puebla de la Calzada, un pueblo más cercano a Mérida.