PSOE y Podemos quieren reinterpretar la Ley de Amnistía de 1977 para perseguir los crímenes del franquismo
Una de las enmiendas pactadas sobre la Ley de Memoria Democrática podría contemplar que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles
Una de las enmiendas pactadas sobre la Ley de Memoria Democrática podría contemplar que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles
La Ley de Memoria Democrática podría contemplar que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles y «no amnistiables», al prevalecer el derecho internacional frente a la ley de amnistía española de 1977, como han pactado el PSOE y Unidas Podemos en una de sus enmiendas.
En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la ley de aministía «no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir» este tipo de crímenes.
Asimismo, entre las enmiendas pactadas por los partidos del Gobierno de coalición y que tendrán que ser apoyadas para poder ser incluidas en la Ley de Memoria Democrática se contempla ampliar el censo de víctimas del franquismo, entrada la Transición, hasta 1982, para reconocer a colectivos o familias los casos de muertes que fueron consecuencia de la represión franquista.
Ese es el caso del trabajador malagueño Manuel José García Caparrós, militante de CCOO y que fue asesinado durante la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977.
Se verán casos concretos, ha puntualizado el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, durante la presentación de estas enmiendas, que también contemplarán compensaciones económicas, tal como solicitaba ERC pero vinculándolo a una normativa diferente.
«Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo», marca una de las iniciativas acordadas.
Asimismo, PSOE y Unidas Podemos piden el acceso «libre gratuito y universal» a los archivos privados, además de los públicos, que ya se incluían en el proyecto de Ley con el fin de poder consultar documentos históricos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista o el exilio.
Santiago ha admitido que por el tiempo trascurrido desde estos crímenes el efecto en materia de Justicia no «va a ser muy importante», ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido, pero sí se podrá alcanzar una «verdad judicial» y no se permitirá la impunidad .
«No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura, si no a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables», ha explicado Santiago, que ha aludido a personas que hayan cometido delitos de tortura o, en el caso de ministros del franquismo, aquellos con una actuación «directa» con «daños o lesiones».
El secretario de Estado ha puntualizado que se trata de una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 y no de una derogación, ya que dicha norma conllevó otros aspectos que no podrían anularse, como el reconocimiento de cotizaciones sociales.
Aunque el alcance «va a ser reducido», ha argumentado Santiago, «también es muy importante conocer la verdad judicial», que tiene en sí misma «un efecto reparador» para las víctimas, que ante violaciones de derechos humanos comprueban que no hay víctimas de primera y segunda categoría.
Unidas Podemos buscará ahora lograr el apoyo a la ley de los socios del Gobierno y cree que conseguirá el respaldo de ERC y PNV porque no les cabe en la cabeza que no haya acuerdo con quienes también sufrieron de forma directa la represión.
Y esperan que se sumen muchas fuerzas políticas, porque «si hay un bloque en el parlamento que rechaza la aplicación del derecho internacional van a tener difícil explicarlo fuera de nuestro país», según Santiago.
Fuente: EFE