Marlaska suspendió a dos funcionarios por una denuncia falsa de la subdirectora de la cárcel de Villena

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, dio por buena la denuncia —finalmente falsa, según la investigación policial— que presentó ante la Policía la subdirectora del centro penitenciario de Villena (Alicante) por las agresiones y amenazas que había recibido por parte de un grupo de cuatro o cinco encapuchados —aunque no especificaba quienes eran— en su casa de Benidorm y suspendió a dos trabajadores de empleo y sueldo por «la gravedad de los hechos». 

Así se desgrana en una resolución de Instituciones Penitenciarias, fechada el 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En ella, una instructora de Prisiones afirma que los hechos denunciados por la directiva penitenciaria son «incuestionables» y que «resulta patente el peligro» que los dos funcionarios suponen para el servicio público a causa de las «amenazas y agresiones» que sufrió la directora en su propio domicilio «por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva, con la finalidad de intimidarla y evitar su declaración en una investigación abierta sobre el incidente con un interno». 

Razón por la que, continua el escrito, resulta «imprescindible la suspensión cautelar» de los dos trabajadores penitenciarios «hasta que se produzca la identificación de los autores y la eventual relación, o no, de los mismos con el inculpado». 

A sabiendas de que no había prueba alguna sobre la implicación de los dos suspendidos y es más, de que había una investigación policial en curso, Interior expulsó igualmente a ambos de la prisión alicantina, creyendo en todo momento a la víctima. Una versión, no obstante, que ha terminado por ser completamente falsa. 

Ni hubo encapuchados, tal como declaró la subdirectora, ni agresiones. Después de más dos meses de investigación, la Guardia Civil concluyo este miércoles que la responsable de Seguridad en el centro penitenciario no fue víctima de ninguna agresión el pasado 6 de septiembre y la detuvo por denuncia falsa y simulación de delito. 

Mensajes falsos

Según denunció ante los agentes, dos de los asaltantes la sujetaron por la espalda para inmobilizarla, mientras que los otros dos «le daban con un puño» en la cara y le advertían: «Mañana calladita». La falsa víctima construyó todo un relato en el que, además de las agresiones, también hablaba de unos supuestos mensajes amenazantes que, según la investigación, se mando a sí misma desde otro terminal a su nombre. Mensajes que jamás presentó como prueba a causa de un robo en su despacho de la prisión. 

«Te vamos a joder la vida por perra» o «sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias», son algunos de los textos que se envió durante el mes de agosto la propia funcionaria , que este jueves ha sido cesada de su puesto, según ha informado en una nota Instituciones Penitenciarias. 

La investigación sobre la supuesta agresión han sido dirigidas por el juzgado de Instrucción de número 3 de Benidorm y, por ahora, se desconoce si será el mismo órgano que lleve a cabo las diligencias por simulación de delito y denuncia falsa. 

Expediente sancionador

Hasta el 20 de septiembre, fecha en la que el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz trasladó la suspensión de empleo y sueldo a los dos funcionarios, estos últimos y un compañero más de la prisión tenían abierto un expediente disciplinario por un incidente con un interno de primer grado al que, según la prisión alicantina, le proporcionaron «varios golpes innecesarios» para reducirlo el pasado 16 de agosto. 

Hechos que fueron grabados por una cámara de videovigilancia de la prisión y que trascendieron a los medios de comunicación el pasado verano. Motivo por el que Instituciones Penitenciarias decidió abrir una investigación interna para tratar de esclarecer lo sucedido. De hecho, la responsable de seguridad debía declarar en la misma el 7 de septiembre. 

Un día antes, no obstante, la funcionaria denunciaba la agresión y dejaba caer que quienes estaban detrás de la misma y de los mensajes amenazantes eran los tres funcionarios de prisiones investigados por el incidente con el preso, todos ellos del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM). 

La acusación de la responsable penitenciaria hacia los tres trabajadores llegaba hasta las más altas instancias del Ministerio del Interior. El propio ministro, Grande-Marlaska, poco después le mostraba su solidaridad en público y la calificaba de «una verdadera funcionaria». Instituciones Penitenciarias convocaba concentraciones de repulsa en todas las cárceles e incluso el secretario general, Angel Luis Ortiz, se desplazaba hasta Villena.

Trece días después, y sin prueba alguna de la implicación de los tres funcionarios en la agresión, que nunca llegó a producirse, Prisiones decidía ampliar el expediente disciplinario de dos de los trabajadores y establecer como medida cautelar la suspensión provisional de empleo y sueldo.