El juez imputa al PP de Salamanca, a su presidente y a su gerente por presunta financiación ilegal en las primarias de 2017

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha decidido imputar al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a su gerente, Isabel Sánchez, y al propio partido -como persona jurídica- como supuestos autores de financiación ilegal en el marco de las primarias de 2017 que desembocaron en la elección como candidato del PP del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En el auto, con fecha de este miércoles, el juez ve indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias, por lo que llama a declarar a los investigados el próximo 30 de diciembre.

Esta notificación judicial ha coincidido con la reunión de ester miércoles en la sede autonómica del PP del propio líder popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes provinciales de la formación, entre ellos el salmantino Javier Iglesias, el único que tiene pendiente aún la celebración del congreso provincial del PP.

El auto recuerda que fue Iglesias, como presidente provincial, el que promovió mediante reuniones con cargos públicos y asesores la actualización de las cuotas de afiliados para que pudieran participar en el proceso, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2016 figuraban como «morosos» 4.913 de ellos.

Desde la fecha mencionada del cierre del ejercicio 2016 al 17 de marzo de 2017, cuando concluía el plazo para saldar esa deuda y poder participar efectivamente en las votaciones de las primarias, el juzgado ha constatado que se amortizaron deudas por importe de 61.937 euros, a través de diversos procedimientos.

En concreto, gran parte de esa cantidad (41.490 euros) fueron aportados por cargos electos, personal de confianza y afiliados que «colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de ‘afiliados morosos'».

De entre estos últimos pagos, fueron realizados «en efectivo» junto a «declaraciones juradas» hasta 17.350 euros, por lo que «queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal», según consta en el auto.

Agrega el escrito que, en el caso de aceptar como válidos los justificantes de extracciones de dinero de sus cuentas de cargos públicos del PP entre los días 10 y 17 de marzo de 2017 -por importe de 9.800 euros-, quedaría sin justificar la suma de 14.340 euros como «donación anónima ilegal».

Entre otros principios, el juez alude en su escrito que la Ley de Financiación de los Partidos Políticos prevé que las formaciones políticas no podrán aceptar directa o indirectamente donaciones anónimas, además de otros casos que limita la norma.

En el caso del PP de Salamanca, el juez cita al partido como persona jurídica investigada, por lo que la formación tendrá que designar a un representante para que acuda al juzgado, aunque puede tratarse del presidente provincial, Javier Iglesias, quien al igual que la gerente acudirá con asistencia de su abogado a partir de las diez de la mañana del 30 de diciembre en la sala de vistas número 1 del Edificio de los Juzgados de Salamanca.

Ante este auto, las partes pueden presentar en el plazo de tres días un recurso de reforma ante el mismo juzgado o un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, para lo que tendrían un plazo superior, de cinco días.