Pincha la 'democracia directa' de Colau: no ha celebrado ninguna de sus consultas anunciadas
La justicia declaró nulo el reglamento y los nuevos criterios hacen muy difícil que una iniciativa ciudadana pueda llevarse a sufragio directo
El Ejecutivo de Ada Colau en Barcelona no ha podido poner en práctica una de sus políticas estrella: las consultas ciudadanas. Barcelona En Comú, que llegó a las instituciones para ahondar en el municipalismo y la participación ciudadana, ha visto cómo su reglamento de participación ha chocado contra el muro de la justicia. El Tribunal Superior de Cataluña declaró nulo el reglamento elaborado por el equipo de gobierno y eso ha impedido que se celebren tres de las macroconsultas que ya habían anunciado desde el consistorio.
Los tres asuntos que querían llevar a sufragio directo eran de diversa índole: la municipalización del agua, el cambio de nombre de la plaza Antonio López y la conservación del Gimnàs Social Sant Pau. La cuestión del agua fue uno de los asuntos más polémicos y que provocó una guerra soterrada con la empresa Agbar, quien inició una ofensiva judicial para impedir la votación.
El cambio de nomenclatura que afectaba al reconocimiento de Antonio López se llevó a cabo finalmente por decisión del ejecutivo municipal y con el apoyo de la mayoría del consistorio. Después de derribar la estatua del Marqués de Comillas por su pasado esclavista en 2018, la justicia tumbó la consulta sobre el nombre de la plaza.
Uno de los planes de Colau desde su victoria en las elecciones municipales de 2015 ha sido la ejecución de una serie de medidas para restituir la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista. Sin embargo, en su aplicación de la ley de memoria histórica, distintos historiadores, pensadores o familiares de los afectados han considerado que el gobierno local se había extralimitado. Al no tener presente algunos de los avances que estas figuras han aportado a la sociedad con su obra.
Como en el caso de Antonio López, Colau también borró de la nomenclatura municipal a Salvador Dalí, Josep Pla o Juan Antonio Samaranch por su pasado o vínculos con el franquismo, pese a haber contribuido también al desarrollo artístico, literario o deportivo del país.
Por lo que respecta a la propuesta de consulta para la conservación del Gimnàs Social Sant Pau también supuso un nuevo frente con la familia propietaria del icónico gimnasio social, en el Raval. Sus propietarios pedían 14 millones por el solar mientras que el ayuntamiento solo estaba dispuesto a pagar 9,5 millones. En este caso, finalmente tampoco se pudo organizar una votación popular para que los vecinos decidieran los proyectos a desarrollar en el espacio.
Nuevo reglamento
Desde el gobierno de Colau no comparten la decisión del TSJC de declarar nulo el reglamento, pero lo acatan. Eso sí, no quieren renunciar a uno de sus caballos de batalla y, según informó el diario Ara, ya han aprobado un nuevo reglamento.
El principal problema con el reglamento tumbado era que no se adecuaba a la ley catalana de consultas. Con el nuevo, sin embargo, será mucho más difícil llevarlas a la práctica, ya que multiplica por seis las firmas que se deben recoger para promover la iniciativa: de 15.000 a 88.709 rúbricas.
Se trata de unas cifras que alejan a la ciudadanía de poder votar de forma directa. La campaña hecha por los impulsores de remunicipalizar el agua, por ejemplo, logró 23.000 firmas. Aunque tenían el apoyo externo de Colau, con los nuevos parámetros que fija la ley catalana y estatal, no lograrían que su iniciativa entrara a debatirse en el consistorio.
Otro de los escollos para esta democracia directa que quería impulsar el ayuntamiento es que deberá contar con la mayoría absoluta del pleno municipal, mientras que en el anterior reglamento bastaba con una mayoría simple.
El ejecutivo de Colau esperaba que la Carta Municipal fuera útil para imponer sus propios criterios sin atenerse a los criterios supramunicipales. Dicha ley reconoce la autonomía municipal y otorga competencias en materia de infraestructuras, dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, patrimonio histórico, movilidad, seguridad ciudadana, justicia de proximidad y hacienda municipal. Pero no ha sido así.
El único paso que queda por recorrer, además de contar con el nuevo reglamento, es el de trabajar para que se modifiquen las leyes catalana y española con el fin de que el ayuntamiento pueda organizar las consultas sobre las propuestas que les piden sus ciudadanos o las que surgen por iniciativa propia (que entonces necesitan contar con dos quintas partes de los concejales). Pero al ecuador de su segundo mandato, parece difícil que su democracia directa se materialice.
