Castilla y León mantendrá abierta la estación de esquí de Navacerrada
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, considera que el cierre decretado por el Gobierno central «ataca» el futuro económico del municipio
La estación de esquí de Navacerrada, que se sitúa entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, continuará prestando su actividad, por la decisión de la Junta de Castilla y León. Así lo ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa tras reunirse con su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de una reunión en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.
Mañueco ha explicado que el cierre decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez «ataca claramente el futuro económico de Navacerrada y de todo su entorno». En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León «es la competente para declarar el cierre» por lo que ellos han considerado «que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar» dicho cierre.
«Va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas», ha señalado.
A su parecer, es una forma de «poner en valor que con actividades de estas características» se comprometen con el mundo rural, con el asentamiento de la población y con la actividad económica «en esta zona tan privilegiada» que une las dos comunidades. Por su parte, Ayuso ha calificado este anuncio de «muy buena noticia«.
Medida «injusta»
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha celebrado que las tres pistas de esquí del recinto se mantengan operativas después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicara a la Junta de Castilla y León que no otorgaría la nueva concesión de las instalaciones de Escaparate, Telégrafo y El Bosque.
Según apunta en un comunicado, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «lleva denunciando la medida por injusta y por no haber sido comunicada ni con los municipios ni las comunidades afectadas». Asimismo, señalan que para el Estado no «existían» argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran la decisión.
El Gobierno regional estima que el fin de actividad de estas pistas afectaría «entre 300 y 500 empleos directos, más los indirectos, especialmente de Cercedilla y Navacerrada, pero también de otros municipios como Los Molinos, Becerril de la Sierra, Mataelpino, El Boalo, Collado Mediano o Cerceda, entre otros, en lo que se refiere a servicios de alojamiento y restauración, escuelas de esquí y tiendas especializadas de material deportivo de invierno».