Las víctimas covid reactivarán sus querellas contra el Gobierno tras la confesión de Díaz

Los familiares de fallecidos por coronavirus intentarán reactivar su causa contra el Gobierno en el Tribunal Supremo por su gestión de la pandemia, a raíz de la confesión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este jueves aseguró que fue acusada de «alarmista» por distintos miembros del Ejecutivo cuando, días antes de la celebración del 8-M, presentó como ministra de Trabajo una «guía» sobre cómo abordar la covid, habida cuenta de cómo aumentaban los casos en Italia.

«El 15 de febrero, como la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y, por tanto, teníamos la necesidad de desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar», explicó Díaz, en una entrevista con Radiocable. Semanas después, no obstante, las intenciones de la ministra de Unidas Podemos fueron desautorizadas por Moncloa, quien le advirtió que las decisiones a tomar estaban coordinadas por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el resto de administraciones autonómicas.

Tras estas declaraciones, las víctimas covid han visto una «ventana de oportunidad» para reabrir su causa contra el Ejecutivo por la «mala gestión de la crisis sanitaria y la consiguiente muerte de sus familiares» en los hospitales. Es lo que apunta a THE OBJECTIVE Esteban Gomez Rovira, uno de los 11 abogados que en mayo de 2020 presentó una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros por un posible delito de homicidio imprudente.

Esta querella, sin embargo, fue inadmitida a trámite por el Alto Tribunal a finales del pasado año, al considerar que no estaba «debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo central». En el auto, el TS argumentó que no cabía establecer una relación causa-efecto entre la supuesta desinformación del Gobierno y las consecuencias de la extensión de la COVID-19. No obstante, el tribunal acordó remitir las querellas y denuncias —presentadas, ademas de por familiares de fallecidos covid, por distintos sindicatos y organizaciones profesionales sanitarios y de las Fuerzas de Seguridad— al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoasen las causas penales que correspondiesen.

De este modo, los magistrados señalaban que en caso de que dichos juzgados evidenciaran la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, sería el momento de que el juez de instrucción, en su caso, elevase una exposición razonada sobre ellos al Tribunal Supremo.

Nueva estrategia

Junto al resto de letrados, Gomez Rovira interpuso un recurso de súplica contra el auto, que poco después desestimó el Alto Tribunal, tras lo que dieron otro paso más y presentaron un informe de nulidad de actuaciones alegando la vulneración de todos los derechos que ya habían mencionado a lo largo de la querella y el recurso de súplica. Pese a agotar todas las vías, esta última aún pendiente de contestación, este letrado no ve visos de que la causa prospere, al menos por un delito de homicidio imprudente, según asegura a este periódico.

Lo que se plantea ahora es un cambio de estrategia en la causa, una vez que la ministra Yolanda Díaz he evidenciado una «acción clara por parte del Estado». Este abogado propone llevar el litigio de las víctimas por el artículo 542 del Código Penal, ubicado en el capítulo de delitos contra la Constitución. En concreto, en la sección III, contra los cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales que, en este caso, indica el letrado, sería el de «recibir información veraz por cualquier medio de difusión», tal como dice el artículo 20 de la Carta Magna.

«Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes», dice el mencionado artículo. Para Gomez Rovira, no hay duda alguna de que el Gobierno, tras las palabras de la vicepresidente segunda, era consciente de lo que ocurría y que, por tanto, «habría cometido un delito contra los derechos fundamentales de las víctimas y de todos los ciudadanos».

Por eso, en adelante, este abogado, «vistos los hechos nuevos», baraja pedir al TS la readmisión de la querella por el presunto delito de homicidio imprudente cometido por parte del Gobierno y que los magistrados, en este sentido, investiguen la posible comisión de otras faltas. «Tras las declaraciones de Díaz, puedo volver a pedir que se admita. Eso sí, hay dos opciones: como nosotros no hemos dejado decaer la causa, que se incorpore, o que el tribunal abra otra distinta», concluye este abogado.

Abogados Cristianos

Por otro lado, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid la reapertura del caso contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. La organización de juristas se querelló contra varios ministros y contra el coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación.

Abogados Cristianos recurrió hace unos meses el archivo provisional de la causa, que el juzgado dictó a petición de la Fiscalía de Madrid. No obstante, tras las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pedido que se reabra el caso y, es más, ha pedido la declaración en sede judicial de la también vicepresidenta segunda tras reconocer que «era consciente de la gravedad de la situación sanitaria semanas antes del 8 de marzo».

Las mascarillas de Illa

En paralelo, la que sí sigue en trámite es la causa contra el exministro Salvador Illa por las mascarillas defectuosas que el Ministerio de Sanidad suministró a sanitarios durante la pandemia, tras la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ante el Tribunal Supremo. En un auto conjunto que también iba dirigido a los familiares de fallecidos por COVID-19, los magistrados no admitían a trámite las querellas, pero sí daban luz verde a que fuesen investigadas en juzgados ordinarios.

Así, el 30 de agosto el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abría diligencias contra el dirigente socialista. Poco después, no obstante, pedía a la Fiscalía que le informase sobre la competencia de este juzgado o del Tribunal Superior de Justicia, por la condición de Illa de aforado. Tras no dar respuesta sobre ello, según adelantó Vozpópuli, el Ministerio Público se limitó a posicionarse en contra de abrir un proceso judicial contra el exministro y solicitó el archivo de la querella. Finalmente, ha sido el juez madrileño quien ha decidido inhibirse en favor del órgano catalán y ha rechazado la petición de la Fiscalía, habida cuenta de que ahora el futuro del político queda en manos del TSJ de Cataluña.