Cospedal se acoge a su derecho de no declarar en la comisión Kitchen del Congreso
La comisión de investigación, que cuenta con 40 comparencias, cerrará el próximo lunes con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
La comisión de investigación, que cuenta con 40 comparencias, cerrará el próximo lunes con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
La comisión que investiga en el Congreso la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entra en su tramo final con el turno de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que se ha acogido a su derecho de no declarar.
La exsecretaria del PP ha decidido no responder a los diputados de la comisión que investiga la presunta trama parapolicial para espiar y robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas. La secretaria general del PP entre 2008 y 2018, ha empleado los primeros minutos de su comparecencia, antes de que el diputado socialista Felipe Sicilia hiciera sus preguntas, para mostrar su intención de que no iba a emitir ninguna «contestación».
«Con todo el respeto que me merece esta comisión y al Congreso, como diputada que he sido, en respeto al principio de división de poderes, garantía a mi derecho a la defensa, les informo de que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar», ha afirmado.
La también exministra, a quien el juez sacó de la investigación judicial en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado precisamente que en ese procedimiento «fue declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción» y que ese auto ha sido recurrido por la Fiscalía y dos grupos.
Mariano Rajoy comparecerá el próximo lunes
Cospedal, penúltima de las 40 comparecencias que cerrará el próximo lunes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, acude este jueves al Congreso medio año después de su primera citación, aquella que se suspendió en el último momento porque el juez decidió imputarla ese mismo día junto a su marido, Ignacio López del Hierro, por las reuniones que ambos mantuvieron con el comisario José Villarejo y que este grabó.
Tanto Cospedal como López del Hierro, que sí llegó a comparecer en la comisión, tuvieron que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y admitieron las reuniones con Villarejo, pero no haberle realizado encargos ni estar implicados en el espionaje al extesorero Bárcenas diseñado presuntamente en 2013 con medios y fondos de Interior para hacerse con la información que comprometía a la cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy.
La entonces dirigente del PP también negó que el policía Andrés Gómez Gordo, que fue su jefe de seguridad cuando gobernó Castilla-La Mancha y es otro de los principales imputados en la causa, le comentase nada de la operación o de la captación del chófer de Bárcenas como confidente. Las explicaciones de la exsecretaria general del PP convencieron al juez, que la dejó fuera de la causa a diferencia de lo que ocurrió con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ambos procesados.
Es decir, el juez circunscribe las posibles responsabilidades penales al ámbito del Ministerio del Interior, pues considera que reunirse con Villarejo no es delito y eso es lo único que, en su opinión, cabe atribuir a Cospedal y a López del Hierro.
No comparte ese criterio la Fiscalía Anticorrupción, convencida de que hay «suficientes indicios de criminalidad» para seguir investigando a ambos. Entre otras razones, porque hay grabaciones de 2009 en las que ofrecen a Villarejo «encargos puntuales que serían sufragados con fondos del PP».
Tres días después de esta comparecencia, la comisión escuchará a Rajoy en sesión vespertina desde las 16.00 horas. Luego, los grupos tendrán un plazo para presentar sus conclusiones sobre las 25 sesiones celebrabas, la mayoría de testimonios de policías, exaltos cargos del ministerio y políticos, e intentar acordar un dictamen antes de que termine el año. Previsiblemente y ya en 2022, ese dictamen se elevará al pleno del Congreso para su ratificación.
Fuente: EFE
