Navarra ingresará 12 millones más al año con la expulsión de los guardias civiles de Tráfico

El Gobierno de Navarra ingresará alrededor de 12 millones de euros más al año en sus arcas una vez materialice el acuerdo con el Ejecutivo central sobre la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial. Según las previsiones de la Administración autonómica, a partir del primer semestre de 2022, la Policía Foral se encargará de la vigilancia en las carreteras, del régimen sancionador y de todo lo relacionado con las autoescuelas, servicios gestionados hasta ahora por la Guardia Civil. La comunidad autónoma diseñará su propia Dirección General de Tráfico (DGT), al igual que han hecho otras regiones como Cataluña o País Vasco.

Aunque ambos ejecutivos negocian todavía las cifras definitivas de costes, diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que será en torno a los 12 millones de euros lo que Navarra se descontará de la aportación que hace al Estado en el marco del Convenio Colectivo de 1990. El instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre ambos gobiernos, y que se actualiza cada cinco años.

Esa suma corresponde a la cuantificación económica en la que están valoradas las competencias de las que se hará cargo el Gobierno de María Chivite. Para obtenerla, la comunidad ha hecho un cálculo sobre el gasto anual que le suponen al año los 173 guardias civiles de Tráfico en Navarra. Aunque, según indican las mismas fuentes, teniendo en cuenta que una parte de ellos podría integrarse en otras unidades del Instituto Armado en la región, y por tanto, debería seguir pagando al Estado por estos servicios no transferidos.

Tras la firma de la cesión, para la que no hay fecha prevista, los agentes de la Guardia Civil tendrán cuatro opciones. Por un lado, el Gobierno autonómico trabaja en una pasarela mediante la cual los guardias podrán integrarse en la Policía Foral. Aunque, según fuentes sindicales, la mayoría pretende quedarse en el Cuerpo. Por otro, según ha precisado el Ministerio del Interior, los que decidan no sumarse al cuerpo autonómico podrán ocupar puestos de trabajo en la misma especialidad o en otra, en el resto de comandancias españolas, es decir, solicitar un traslado de región; o bien seguir trabajando en unidad distinta de la Guardia Civil en Navarra, de la que forman parte 1.623 agentes.

Objetivo 2025

Por el momento, las negociaciones son a nivel político con asesoramiento de distintos técnicos de Hacienda. No obstante, una vez acuerden la cifra definitiva, previsiblemente de 12 millones de euros, darán comienzo las reuniones oficiales. Para esto último, el Consejo de Ministros ya ha dado el primer paso. El martes acordó la designación de los representantes de la Administración General del Estado en la comisión negociadora para la revisión del Convenio Económico de Navarra y actualizarlo, según indicaron a los medios de comunicación, antes de que finalice 2021.

Desde el Ejecutivo Navarro, confían en que la reunión de la Junta de Transferencias también se pueda celebrar a finales de diciembre, tras lo que establecerán distintos plazos en la transferencia de Tráfico en la comunidad foral. Navarra comenzará a asumirla de forma práctica en el primer semestre de 2022. No obstante, este periodo se podrá extender durante más de dos años. Y otros tres más después, según precisó el consejero de Interior, Javier Remirez. De este modo, el Gobierno foral sitúa en diciembre de 2025 la fecha máxima para la gestión total de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. Esto significa, al mismo tiempo, que los guardias civiles irán abandonando paulatinamente el sector de Tráfico en los próximos cuatro años.

Desde distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil siguen criticando esta «maniobra política» del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Es de público conocimiento que lo que hay detrás es una negociación política de apoyo a los presupuestos en los que la Guardia Civil es la moneda de cambio. Es parte del precio que debemos pagar por nuestra intensa lucha para acabar con el terrorismo de ETA. Así se nos agradece». Además, exigen al Ministerio del Interior que ponga fin a la incertidumbre que sufren desde hace meses los guardias civiles, quienes todavía desconocen cuál será su situación profesional a partir de la firma del acuerdo.