El TSJC ordena a la Generalidad que garantice la protección del niño de Canet acosado por pedir un 25% de clases en castellano

La Fiscalía valorará y estudiará si los mensajes vertidos en redes sociales pueden ser considerados un delito de incitación al odio

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reclama al consejero de Educación de la Generalidad y a la dirección del centro ‘El Turó del Drac’ de Canet de Mar (Barcelona) a adoptar «las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de un menor que pidió un mayor porcentaje de castellano en la escuela y que ha recibido por ello una campaña de acoso y señalamiento.

Del mismo modo, el tribunal ordena al Gobierno catalán a adoptar las medidas para garantizar «la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo».

La resolución del tribunal llega tras la petición de la familia del menor ante un juez para que se les reconociera el derecho a un 25% de enseñanza en la escuela en castellano, como apunta la normativa, y que dio lugar a una campaña de señalamiento en redes sociales acompañada por numerosas amenazas.

«Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian»; «Este niño se debe de quedar sólo en clase»; «No son bienvenidos ya que no quieren a Cataluña. Ya se pueden ir por dónde han venido» son algunos de los mensajes plasmados en redes sociales en los últimos días.

La familia, finalmente remitió un escrito al tribunal, dando cuenta de las amenazas recibidas y exigiendo que ordenase medidas especiales para proteger la identidad del menor, aspecto que ahora exige a la Generalidad y al centro a cumplir.

La Fiscalía lo investigará

La Fiscalía ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español y Vox que señalan las amenazas vertidas contra la familia en todos los ámbitos, tanto en redes sociales, como en el centro y a través de grupos de Whatsapp. La investigación valorará y estudiará si los mensajes pueden ser considerados un delito de incitación al odio y si se puede identificar a los usuarios.