La CUP presiona a ERC para desobedecer la sentencia contra un diputado del Parlament

La CUP ha sacado toda su artillería para convencer a ERC y Junts per Catalunya de desobedecer una eventual condena al secretario de la Mesa del Parlament Pau Juvillà. El diputado cupaire se enfrenta a ocho meses de inhabilitación por no retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida cuando era concejal. La CUP lo eligió como miembro del órgano rector de la Cámara autonómica tras las pasadas elecciones del 14 de febrero y a sabiendas de que estaba pendiente de ser juzgado por el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC). 

Después de que se rompiera la unidad independentista en el Parlament debido al ‘no’ a la CUP a tramitar los Presupuestos y por el pacto de ERC con Catalunya En Comú sin contar con sus socios independentistas, la CUP quiere aprovechar la coyuntura actual para obligar a ERC y Junts a rehacer el frente independentista a través de «una respuesta conjunta» a la «represión» que dicen sufrir de la justicia, explican las fuentes consultadas. 

Se trata de hacer valer «el 52% a favor de la independencia» de los últimos comicios como ya hicieron con el voto delegado de Lluís Puig, exconsejero de Cultura huido a Bélgica de la justicia española, pese a la oposición de los partidos constitucionalistas y sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. 

El objetivo de la CUP es difícil de lograr porque si el voto delegado de Puig se basó en una interpretación del reglamento del Parlament y está pendiente de lo que dictamine el alto tribunal, su propuesta representaría una desobediencia en toda regla a una sentencia firme. Los anticapitalistas, sin embargo, tienen claro que el de su diputado es un caso útil para constatar el grado de compromiso de los partidos independentistas para garantizar la soberanía del Parlament. Y, en caso de que ERC y Junts no se sumen, denunciar el «autonomismo» de estos partidos que han renunciado a confrontar al Estado. 

La tónica general es de prudencia hasta que se produzca la sentencia del TSJC. Por el momento, ERC se limita a hablar de la necesidad de lograr una respuesta «consensuada» para defender a Juvillà, y Junts amaga con desacatar la sentencia únicamente si todos los partidos del bloque independentista mantienen la misma postura. 

El interés de Junts en el caso de Juvillà se debe, en gran parte, a que la presidenta del Parlament y dirigente de su partido, Laura Borràs, se encuentra en una situación similar por un presunto caso de corrupción cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas. A la espera de que el TSJC resuelva sobre su caso, Borràs ya ha denunciado por activa y por pasiva las «injerencias» de los tribunales en el Parlament y aprieta a ERC para que no la dejen caer en caso de condena.

El precedente de Puigdemont y Torra

Hay dos precedentes donde ERC no se ha plegado a las exigencias de sus socios. La primera fue la investidura fallida de Carles Puigdemont después de las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la intervención de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución. El entonces presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, suspendió el pleno ante el requerimiento del Tribunal Constitucional y ese 30 de enero de 2018 se frustró la investidura a distancia del ahora eurodiputado de Junts.

El segundo caso se produjo con la retirada del escaño de Quim Torra tras ser inhabilitado por el TSJC por mantener una pancarta partidista de la fachada institucional en periodo electoral. La Mesa del Parlament no esperó a la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo para retirar el escaño a Torra y ejecutó su retirada tras la orden de la Junta Electoral.

En ambas ocasiones, Junts y la CUP doblaron la presión sobre ERC para desobedecer, pero sin éxito. Y fue el primer gran episodio de ruptura en el bloque independentista. En una entrevista en Nació Digital, el diputado Juvillà instaba a una desobediencia “colectiva, fuerte y potente”, pero todo apunta a que más allá de agotar todo el recorrido judicial deberán acatar una eventual condena. 

Punto muerto del independentismo

Cada vez más voces del entorno del nacionalismo admiten que el independentismo está «en un punto muerto». El último en hacerlo fue el secretario general de Junts e indultado por el Gobierno tras su implicación en el procés, Jordi Sánchez, en un acto de la Assamblea Nacional Catalana. El hecho de que se haya roto la unidad de acción de los tres partidos independentistas tanto en el Congreso como en el Parlament ha convertido en papel mojado la hoja de ruta para lograr la secesión.

Asimismo, la actuación de la justicia así como la investigación del Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores destinados al plan rupturista ha paralizado en gran medida nuevos órdagos del Govern contra las instituciones del Estado que pudieran vulnerar la legalidad. Como se ha constatado con la reciente caso de las sentencias sobre la inmersión lingüística, el Ejecutivo catalán mantiene una retórica encendida sobre la «represión» que ejerce el «Estado español», pero sin traspasar, de nuevo, la línea de la legalidad.