El Congreso apoya tramitar una ley para que la educación infantil sea gratis

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes tramitar una proposición de ley del Parlamento andaluz para posibilitar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años, sin carácter obligatorio), un objetivo al que el Gobierno contribuirá con su financiación.

Los diez portavoces de los grupos parlamentarios que han subido a la tribuna a fijar su posición tras escuchar la defensa de la iniciativa por boca de una delegación del Parlamento de Andalucía (del PP, PSOE y Ciudadanos) han avanzado su apoyo o abstención a la norma, que modificará partes del articulado aún vigente de la Ley Orgánica de Educación (LOE), sustituida hace ahora un año por la Lomloe (Ley Celaá).

Con el apoyo de la Cámara Baja a la toma en consideración de la iniciativa andaluza, el Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de Infantil, de modo que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficientes, con cargo a los Presupuestos Generales, mediante transferencias a las comunidades autónomas.

La propuesta de ley contó en el Parlamento autonómico con el apoyo de todos los grupos (solo Unidas Podemos se abstuvo).

Durante su defensa este martes en el hemiciclo del Congreso, a cuya tribuna de invitados han acudido trabajadoras de la red andaluza de escuelas infantiles, la delegación de Cs, PP y PSOE han argumentado la necesidad de esta norma en cuatro principios: favorecer la conciliación; eliminar las desventajas iniciales del niño socialmente desfavorecido, potenciar la igualdad de oportunidades educativas; prevenir el fracaso escolar, y generar empleo.

Por el PSOE, María Márquez ha explicado que en su región las tasas más altas de escolarización en esta etapa corresponden a quienes tienen un 100 % de bonificación en la cuota (50%) y a continuación las familias con más recursos, es decir, aquellas que pueden pagar 300 euros por niño y en sus casas entran 2.400 euros mensuales.

Una de las consecuencias de esta situación, ha añadido, es que más de medio millón de mujeres no buscan empleo o no trabajan para poder cuidar a sus hijos.

A continuación, el diputado autonómico del PP Miguel Ángel Ruiz ha subrayado que esta iniciativa es una necesidad y una demanda social, y ha dicho que el 70 % de las escuelas infantiles en su tierra son proyectos de emprendedoras, que dan trabajo a 10.000 mujeres.

De Ciudadanos, la diputada andaluza Mar Sánchez ha defendido que el Estado debe garantizar los recursos, vía Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, y ha pedido a la Junta de Andalucía que se retracte en su decisión de no utilizar los 123 millones de euros del Ministerio de Educación para crear nuevas plazas de Infantil.

Un 20% de vacantes

La Consejería de Educación del Gobierno de Juan Manuel Moreno afirma que la oferta actual de plazas de 0 a 3 años tiene un 20% de vacantes.

Pese a que ningún grupo parlamentario se ha opuesto a la tramitación de la iniciativa, portavoces como el del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, del BNG, Néstor Rego, y del PNV, Josune Gorospe, han advertido de los importantes aspectos competenciales que habrá que trabajar más adelante.

Por otro lado, Sara Giménez (Cs) ha denunciado que España es uno de los países del continente europeo ofrece un menor apoyo a la familia y ha subrayado la distinta implantación de la red de Infantil en el país, de entre un 16 y un 40 % en función del territorio.

Más País y ERC se abstienen

Inés Sabanés (Equo-Más País) ha recalcado que nadie debería poder oponerse a esta propuesta de ley, sin embargo ha destacado que esta extensión de Infantil se debe hacer en escuelas públicas, por lo que es «vital» que no se abra la puerta a las multinacionales y «fondos buitre» para que utilicen este ciclo de enseñanza como negocio.

«No vamos a obstaculizar la tramitación, pero hay riesgo de retroceso que nosotros no vamos a apoyar», ha añadido Sabanés, cuyo temor también ha compartido la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde.

Norma Pujol i Ferré (ERC), que ha avanzado la abstención de su grupo en la votación a última hora de la tarde, ha dicho estar de acuerdo con el fondo pero no con la forma.

Joaquín Robles, de Vox, ha apoyado la iniciativa del Parlamento de Andalucía, pero ha criticado al Gobierno central por su intención de crear 65.000 plazas de aquí a 2024 al entender que es un proyecto «irracional e imprudente» porque hay 120.000 plazas vacantes.