El PP se escuda en un Pacto de Estado para justificar su apoyo a la nueva norma sobre maltratadas

La ampliación de los supuestos con los que una mujer puede acreditar ser víctima de violencia de género ha originado un inusitado consenso. El PP explica que apoya el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas porque es fruto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 con el voto favorable de todas las fuerzas parlamentarias, excepto Podemos, que se abstuvo al considerarlo insuficiente. Los populares se felicitan porque se vayan materializando las medidas, pero critica la «poca diligencia» del Gobierno para impulsarlas. Este periódico ha intentado sin éxito obtener la opinión de Vox, único partido que no se sumó a la renovación del pacto el mes pasado.

A partir de la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no hará falta una denuncia para que una mujer pueda ser considerada víctima de violencia de género. Basta con que haga una solicitud a los organismos autonómicos pertinentes o que así lo acrediten los servicios sociales. También tendrán consideración de víctima las mujeres cuyo caso esté instruyéndose o haya quedado archivado o sobreseído. Con la acreditación, las afectadas podrán disponer de un asesoramiento jurídico y beneficiarse de las ayudas y de las prestaciones que contempla la ley que ampara a estas víctimas desde 2004.

Convenio del Consejo de Europa

El cambio normativo es fruto de los acuerdos suscritos por el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 11 de noviembre. En ella participaron representantes de las regiones gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía. Según explican a THE OBJECTIVE fuentes de esos territorios, en ambos casos apoyaron la ampliación porque así lo determinaba el Pacto de Estado suscrito. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, redactado en Estambul en 2011 y ratificado por España tres años después, ya establecía que «la prestación de servicios no debe depender de la voluntad de la víctima de emprender acciones legales».

La ausencia de polémica actual contrasta con la controversia que causó el acuerdo en 2017, cuando algunos sectores de la sociedad, incluidos los jueces, pusieron en tela de juicio que se ampliara la consideración de víctima a mujeres que no habían interpuesto una denuncia contra su agresor. «Hubo runrún por parte de los juzgados porque consideraban que eran los únicos que podían determinar estos casos. Y así era hasta entonces según la ley. También temían el posible inculpamiento sin intermediación», aclara Marta González, diputada del PP. 

González sostiene que la iniciativa de ampliar los supuestos con los que una mujer puede acreditar ser víctima de violencia emanan del Pacto de Estado suscrito en 2017. Explica que este acuerdo incluía considerar víctima a mujeres que no hubiesen denunciado para que pudieran beneficiarse de las medidas que incluye ley de Protección Integral, aprobada en 2004. «Hasta ahora se accedía a ese título mediante un documento, siempre con carácter judicial, pero en el Pacto de Estado se abrió la posibilidad a que pudieran acceder mujeres que no habían denunciado a través de un informe de los servicios sociales», indica la parlamentaria.

«En determinadas ocasiones, la mujer tiene miedo a denunciar o hay un riesgo evidente si lo hace. Las Administraciones tienen ahí un problema», sostiene González. Los expertos señalan que el asesinato no se produce de un día para otro, sino que es fruto de «una relación de violencia prolongada». Si no hay denuncia, remarca González, no hay forma de conocer lo que sucede, así que la única forma de auxiliar a la víctima es a través de los servicios sociales o sanitarios, que pueden conocer la situación. «Eso permitiría que estas mujeres tuviesen acceso a un asesoramiento jurídico y ayudas, por eso el Pacto de Estado decidió ampliar el espectro».

«Señalamiento social»

Para González, no hay riesgo de inculpación de la víctima, ya que la consideración debe estar amparada por un informe de los servicios sociales pertinentes. «Lo que sí hay es un riego de señalamiento social, pero muy limitado. Acreditarse como víctima de violencia de género le va a permitir recibir ayudas, pero no podrá personarse ante un juzgado ni ante la policía como tal», explica la diputada. Sobre el riesgo que entraña para el supuesto agresor, González afirma que la posibilidad de inculparlo a través de un informe sobre la víctima es «muy limitada».

Tras semanas de intensa negociación, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los grupos políticos firmaron el documento para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el gran acuerdo cerrado en 2017 y cuya vigencia expiraba en 2022. El único grupo que rehusó ratificar el acuerdo fue Vox, que sostiene que todas las violencias están al mismo nivel. La diputada Carla Toscano ha asegurado en Twitter que la resolución «aniquila la presunción de inocencia». Para su líder, Santiago Abascal, «no puede haber víctima sin culpable». En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas.