El PSOE votará en contra de garantizar el uso del castellano en Cataluña
Fuentes socialistas avanzan a THE OBJECTIVE que la decisión de votar en contra «está tomada» y se fundamenta en varias razones
El PSOE votará este martes en contra de aplicar medidas por parte del Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional, según avanzan fuentes socialistas a THE OBJECTIVE, en relación a la moción presentada por Vox que se debatirá y votará esta martes por la tarde en el Congreso de los Diputados. Se trata de una moción que es consecuencia de una interpelación presentada por la formación de Santiago Abascal a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el castellano y el posterior hostigamiento a la familia del menor de Canet de Mar en Barcelona.
El PSOE no ha comunicado aún oficialmente el sentido de su voto a la iniciativa, que se votará en ultimo lugar en el pleno de este martes y que figura en séptima posición en el orden del día del Congreso, porque «se anunciará este martes en la rueda de prensa del portavoz», Héctor Gómez. Pero fuentes socialistas avanzan a este periódico que la decisión de votar en contra «está tomada» y se fundamenta en varias razones.
No incomodar a ERC
Por un lado, la voluntad de no incomodar a ERC, con quien Gobierno y PSOE siguen inmersos en un proceso de negociación de la Ley Audiovisual que, a su vez, condiciona la retirada de las enmiendas que los republicanos anunciaron en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado. Unas iniciativas cruciales porque las enmiendas parciales al articulado de las cuentas publicas obligarían a que, de no alcanzarse un pacto con ERC y no retirarse las enmiendas, los PGE no se aprobarían automáticamente en el Senado y deberían volver al Congreso para su aprobación definitiva, habilitando una nueva sesión plenaria la ultima semana del año, del 27 al 31 de diciembre. Algo que se evitó el año pasado cuando se logró aprobar los Presupuestos directamente por la cámara alta al pactar con PNV y ERC que no se presentara enmienda alguna.
Este es el motivo por el que el Gobierno ha sido escrupulosamente cauteloso en las ultimas semanas para no alimentar el debate de la lengua que tan crucial es para el independentismo de ERC. Este lunes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, aseguró al ser preguntado por THE OBJECTIVE que «las lenguas no están para confrontar ni para dividir, y mucho menos para que los partidos políticos utilicen el dolor de una familia», aunque no quiso desvelar el sentido del voto del PSOE.
Por otra parte, hay razones estratégicas que trascienden a este Ley y que están relacionadas con el grupo proponente de la iniciativa, Vox, cuyos textos tienen garantizado el veto por parte del PSOE. «Nunca presentamos siquiera enmienda alternativa para consensuar una posición, directamente votamos en contra», explican en relación al cordón sanitario que sólo recibe esta formación política. El PSOE rehuye así de «colaborar con la ultraderecha» mientras pacta con Bildu enmiendas conjuntas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Cascada de iniciativas parlamentarias
El debate de la moción llega en un momento candente en la política nacional a raíz del llamado ‘apartheid ideológico’ que se ha emprendido contra la familia de un menor por solicitar su derecho a escolarizar a su hijo de cinco años a estudiar en castellano. Un asunto por el que le preguntarán desde la oposición a la ministra de Educación, Pilar Alegría, pero también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, formulará al jefe del Ejecutivo la pregunta «¿Considera que la actuación del Gobierno está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles?» en la sesión de control del miércoles tras seis semanas sin que Sánchez asista a estos debates.
De momento, solo Ciudadanos ha anunciado su apoyo al texto presentado por Vox, según anunció el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, quien calificó de «escalofriante» la situación de acoso a la familia. Bal compareció en rueda de prensa para recomendar la lectura de la carta hecha pública por la familia de Canet de Mar y acusó al Gobierno de «mirar para otro lado» para «no molestar a sus socios» cuando se trata e un «clarísimo delito de odio». Ninguna de las otras formaciones políticas de la oposición, empezando por el PP, han manifestado aún el sentido de su voto pese a que fue Pablo Casado el primero que solicitó formalmente un 155 para garantizar que se cumpla este derecho constitucional de educación en castellano en Cataluña.
