Castilla y León contradice al Gobierno y denuncia que no avaló la nueva norma sobre las víctimas de maltrato

La nueva consideración de víctima de violencia de género comienza a abrir grietas. Castilla y León denuncia que no avaló el acuerdo en el Consejo Sectorial de Igualdad celebrado el 11 de noviembre, tal y como asegura el Gobierno. Asturias y Extremadura también mostraron su disconformidad, según ha podido conocer THE OBJECTIVE. Estos reparos motivaron que la decisión se postergara. Incluso se determinó crear un grupo de trabajo para abordar la cuestión, de ahí la sorpresa de algunos dirigentes regionales al ver publicada la resolución. Este periódico ha tratado sin éxito de conseguir la versión del ministerio que dirige Irene Montero. 

La ampliación de los supuestos con los que una mujer puede acreditar ser víctima de violencia de género se publicó el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como fruto de un acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas. A partir de esta resolución, una mujer no tendrá que interponer una denuncia para ser considerada víctima. Bastará con que haga una solicitud a los organismos autonómicos pertinentes o que así lo acrediten los servicios sociales. También tendrán consideración de víctima las mujeres cuyo caso esté instruyéndose, haya quedado archivado o sobreseído por los juzgados. 

«Dejar el asunto sobre la mesa»

Se trata de unos supuestos que no incluía la ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Para paliarlo, se incluyeron en el Pacto de Estado aprobado en 2017 con el voto favorable de todas las fuerzas parlamentarias, excepto Podemos, que se abstuvo al considerarlo insuficiente. Sin embargo, sus postulados aún no habían sido desarrollados. El Consejo Sectorial de Igualdad, que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas, lo llevó en el punto cuarto de su orden del día del 11 de noviembre, pero cuando llegó el turno de abordarlo, varias regiones solicitaron dejar el asunto sobre la mesa.

Entre esas regiones se encuentra Castilla y León, gobernada por una coalición entre el PP y Ciudadanos. Sus dirigentes admitieron que preferían estudiar a fondo los nuevos supuestos. La representante de esa región en aquel encuentro fue la directora general de la Mujer, Ruth Pindado, ya que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, tenía una comparecencia de Presupuestos ese mismo día en las Cortes. 

Fuentes autonómicas aseguran que los participantes decidieron dejar para una reunión futura el título habilitante debido a la oposición de diferentes regiones. No solo no se aprobó el asunto; ni siquiera se votó. Reconocen que el Consejo Sectorial de Igualdad determinó crear un grupo específico de trabajo para estudiar el asunto. «Así lo establecimos, por lo que para nosotros ha supuesto una sorpresa ver publicado un acuerdo que no existió», afirman. 

Asturias y Extremadura también manifestaron sus reparos en aprobar la resolución que aumentaba los supuestos por los que una mujer puede ser considerada víctima de maltrato. Estuvieron de acuerdo en dejar el tema en barbecho. Así lo confirma una circular que envió días después la secretaria de la Comisión Sectorial de Igualdad a las comunidades autónomas, donde se valoraba el debate en torno a la acreditación, que «reviste la suficiente relevancia para plantear el aplazamiento» de la reunión convocada para el 18 de noviembre. El motivo de postergarla, indica la misiva, era seguir «tomando en consideración todos los elementos y reflexiones que se plantearon en la Conferencia Sectorial».

El Pacto de Estado

No es la primera vez que este asunto genera controversia. En 2017, cuando se aprobó el Pacto de Estado, algunos sectores de la sociedad, incluidos los jueces, pusieron en tela de juicio que se ampliara la consideración de víctima a mujeres que no habían interpuesto una denuncia contra su agresor. Ahora el runrún viene motivado porque algunas comunidades autónomas defienden que la resolución publicada por el BOE nunca fue aprobada en el Consejo Sectorial de Igualdad, a pesar de que los dirigentes nacionales del PP sostienen que las acreditaciones emanan del Pacto de Estado suscrito en 2017.

Un pacto que se renovó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la firma de todos los grupos políticos excepto Vox, que sostiene que todas las violencias están al mismo nivel. En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas. Algunas de ellas no presentaron denuncias previas por malos tratos. Con la resolución publicada el lunes tendrían consideración de víctimas y podrían disponer de un asesoramiento jurídico y beneficiarse de las ayudas y de las prestaciones que contempla la ley que ampara a estas víctimas desde 2004.