ERC promete en privado al Gobierno cumplir con el 25% de castellano en las aulas

La cautela que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez ante la insistencia de la oposición para que actúe respecto al acoso sufrido por una familia de Canet de Mar que pidió educación bilingüe se debe a la promesa de ERC, uno de sus principales socios parlamentarios, de cumplir con todas las resoluciones judiciales en firme para que se aplique al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas públicas de la región. Fuentes gubernamentales confirman a THE OBJECTIVE que en la reunión entre la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el conseller del ramo, Josep González Cambray, la semana pasada en Barcelona hubo un compromiso claro del Govern de priorizar la «convivencia» en los centros escolares y que esto pasa por no desacatar las decisiones de la Justicia.

El Ministerio de Educación lleva tiempo trabajando para la «convivencia, seguridad y privacidad» de los alumnos que solicitan «una hora y media más» de castellano -el famoso 25% de horas lectivas que fija el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– y las fuentes consultadas dan a entender que no han intervenido en el caso de Canet precisamente para no delegar en los ciudadanos de a pie la respuesta que deben dar las instituciones. Admiten que en caso de que la Generalitat desobedeciera, ellos tienen la potestad de pedir la ejecución de la sentencia, pero es un escenario que no contemplan porque confían en el buen proceder de Cambray en este asunto.

Para dotar de mayor peso sus argumentaciones destacan que una cosa son las proclamas públicas y declaraciones en los medios previas a la manifestación de Som Escola y ante un tema muy sensible que obliga a los miembros del Govern a pronunciarse, y otra muy distinta sus actuaciones. De hecho, el propio conseller admitió que no podía frenar el 25% de castellano en Canet, pese a visitar el centro para dar apoyo al equipo docente que se oponía a la sentencia, y este martes ha dado como única alternativa para blindar el catalán tener un «Estado propio».

Ley Celaá

En la misma línea, desde el Gobierno son conscientes de que la reforma educativa, conocida como ‘ley Celaá’, tampoco da cobertura legal a la inmersión lingüística y, en consecuencia, la Generalitat deberá adaptar su plan educativo en al menos todos aquellos centros en los que se solicite garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes. Como informó THE OBJECTIVE, la novedad que introduce la inadmisión del Tribunal Supremo del recurso de casación planteado por el Gobierno de la Generalitat es que las familias que quieren castellano no deberán iniciar de nuevo un procedimiento judicial sino que bastará con iniciar un accidente de ejecución de la sentencia.

La situación actual, añaden estas fuentes gubernamentales, es que el Tribunal Supremo todavía no ha trasladado al TSJC que se cumpla la sentencia. El caso de Canet fue la aplicación de medidas cautelares para el centro en concreto, pero una vez la Justicia catalana comunique a la Generalitat que la sentencia es firme tendrá carácter general y el Govern no podrá interponer más recursos en contra de dicha resolución. A instancias de este medio, el Departamento de Educación se limita a afirmar que desconocen los términos del acuerdo entre el conseller y la ministra y, aunque este martes han apoyado una moción en el Parlament que rechaza la sentencia del 25% de castellano, no pasa de ser una mera declaración.

Calmar las aguas

Ante este escenario, la parte de ERC en el Ejecutivo catalán y el Gobierno de Pedro Sánchez trabajan en secreto para neutralizar la «polarización» que, a su juicio, alimenta el independentismo más extremista de Junts per Catalunya, por un lado, y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos por el otro. Se trata, en definitiva, de calmar las aguas, esperar que la atención mediática se desinfle, y que las entidades o familias a favor del bilingüismo rebajen su oposición al Govern con el tema de la inmersión.

Las fuentes consultadas consideran que hay una contradicción enorme entre pedir privacidad y promocionar en los periódicos todas las denuncias contra el modelo monolingüe de la Generalitat. En este sentido, y ante las peticiones de la oposición de aplicar un «155 educativo», el Ministerio de Educación se ciñe a los tiempos: el Supremo todavía no ha comunicado al TSJC su providencia, y cuentan con el compromiso de ERC y el consejero del ramo de no incurrir en actuaciones que volverían a poner el sistema educativo autonómico en el foco político y mediático.

Desde el Govern admiten a puerta cerrada que no hay posibilidad en el corto plazo de encontrar un atajo legal para garantizar la inmersión en todo el territorio. Aunque en sus apariciones públicas marearon la perdiz con que algunas de las sentencias del TSJC se basaban en la ley anterior de Educación -la LOMLOE y no la ‘ley Celaá’- o que el Estatut blinda el catalán, son conscientes de que estos argumentos caen por su propio peso ante los tribunales. Por esta razón, más allá de las soflamas públicas se emplearán a fondo para reconducir la situación con una aceptación de facto del modelo de enseñanza catalán y en ir desactivando la ola de denuncias promovidas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe o Societat Civil Catalana.

Puigdemont y Borràs, solos

No solo Oriol Junqueras pidió este miércoles «responsabilidad» a Laura Borràs ante su propuesta de que la Generalitat tomara el «control» de la escuela de Canet, sino que la parte de Junts en el consejo ejecutivo del Govern también ha cerrado filas con ERC y en contra de las propuestas de Borràs o de Carles Puigdemont de desobedecer la sentencia.

Lo sucedido en Canet ha acentuado el pulso entre socios en el Ejecutivo autonómico, pero solo a nivel de partidos y de estrategias. Es decir, ninguno de los consejeros de ambas formaciones quiere asumir un riesgo personal si desobedece las decisiones judiciales. Asimismo, y pese a que las partes más radicales del nacionalismo piden al Govern desplegar iniciativas políticas para esquivar esta «injerencia de los tribunales» en la educación, el Ejecutivo catalán de momento se limita a movilizar la calle el próximo sábado, a acciones declarativas de «consenso» en torno al idioma autóctono como el Pacto Nacional per la Llengua y, de forma discreta, a trabajar con el Gobierno para pasar página de la polémica cuanto antes con el fin de acotar la ola de denuncias ciudadanas contra el modelo monolingüe.