La comisión Kitchen se cita el miércoles para acordar sus conclusiones

La comisión parlamentaria que durante nueve meses ha tratado de dirimir en el Congreso las responsabilidades políticas de la presunta trama urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior para robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas se reunirá por última vez este miércoles para acordar sus conclusiones.

Según fuentes parlamentarias consultadas por EFE, varios grupos, entre ellos PSOE y Unidas Podemos, tratarán de presentar algunas conclusiones consensuadas para después votar el documento final, el llamado dictamen, que será debatido posteriormente en un pleno del Congreso.

Con la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy el pasado lunes, la comisión Kitchen cerró el listado de los 37 citados desde marzo, cuando abrió el turno Bárcenas. En estos nueve meses interrumpidos por el verano, los trabajos parlamentarios han discurrido en paralelo a la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional.

Los partidos ya han adelantado parte de los frutos que consideran ha tenido esta comisión, aprobada en octubre de 2020 por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Cs, EH Bildu y prácticamente todos los partidos minoritarios. Solo se opuso el PP, en tanto que Vox se decantó por la abstención

PSOE Y Podemos, de acuerdo en que existió una trama

Tanto PSOE como Unidas Podemos creen que las comparecencias han tenido valor porque finalmente han demostrado que hay una trama de corrupción «instalada en la estructura» del PP.

Así lo aseguró esta semana el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, quien criticó la falta de colaboración del partido que lidera Pablo Casado con la justicia. «Nos hubiese gustado más y mejor colaboración del PP, siendo conscientes de que han utilizado recursos públicos para destruir pruebas», lamentó Gómez.

Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ve también útil los trabajos de la comisión porque «ha ayudado a entender muchas aristas» de la trama de corrupción del PP.

ERC también lo tiene claro. Gabriel Rufián, que ha ejercido de portavoz en la comisión, opinó esta semana que ha quedado demostrado que el PP utilizó el Ministerio de Interior para destruir pruebas en contra del partido, en tanto que Edmundo Bal, de Ciudadanos, y Josep Pagès de JxCAT tildaron de «burla» la comparecencia de Rajoy al negar «lo innegable».

«Hay lagunas que siguen siendo lagunas» tras el paso de los comparecientes por la comisiónKitchen, según la portavoz de EH Bildu, Martxe Aizpurura, para quien son un paradigma las declaraciones de Rajoy.

PP: la comisión que nunca debió existir

Lejos de estos planteamientos se situó desde el primer momento el PP. Su portavoz Luis Santamaría empleaba semana tras semana su turno de intervención para refrendar el alegato del partido en contra de la comisión.

Así lo hizo también la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el pasado lunes ante Rajoy. Arremetió contra el PSOE y el resto de partidos han promovido una comisión que simplemente, dijo, fomenta una «causa general» contra su formación y busca el «desgaste del adversario».

«No se busca la verdad, sino desgastar a la alternativa política», indicó la dirigente del PP para quien esta comisión «nunca debió existir» al obedecer al «ánimo del espectáculo» con conclusiones que «estaban escritas mucho antes de que comenzaran los trabajos».

Las conclusiones de la comisión de la policía política del PP

Durante meses varios diputados han puesto de manifiesto con sus intervenciones que la comisión Kitchen era una continuación o parte de la primera comisión parlamentaria que se abrió a Fernández Díaz en 2017 a raíz de las grabaciones filtradas con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso en las que ambos hablaban de investigaciones a dirigentes independentistas.

Aquella comisión concluyó, con el voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y siete votos particulares, que bajo el mandato de Fernández Díaz se usó «de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo de la Policía y se creó una estructura» bajo las instrucciones del entonces director del cuerpo Ignacio Cosidó, por orden del jefe operativo de la Policía Eugenio Pino.

Todo, con el conocimiento del ministro, para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y también para perseguir a adversarios políticos, como el PSOE, Podemos o el nacionalismo catalán