El gran farol de Vox: apoya a Ayuso sin contrapartidas LGTBI

Derogar las leyes LGTBI. Ese fue el órdago que lanzó Vox a Isabel Díaz Ayuso para apoyar sus Presupuestos. Tras una dura negociación, la formación verde anunció el desbloqueo de las cuentas tras acordar 13 medidas con el Gobierno regional, pero ni rastro de su demanda estrella. La Asamblea de Madrid votó el jueves en contra de tramitar la ley propuesta por Vox. El PP se abstuvo, lo que para la izquierda es «una señal inequívoca» de que modificará algunos puntos de las normas LGTBI en el futuro. Antes, esta misma semana, Ayuso tiene que salvar el escollo de los Presupuestos, en los que depende de Vox.

En las filas del PP reina la tranquilidad. Están convencidos de obtener el respaldo de los 13 parlamentarios de Vox para que Ayuso logre aprobar sus primeras cuentas públicas como presidenta. Y eso, a pesar de no haber apoyado su proposición de ley. Eso sí, no quieren hacer declaraciones públicas, no vayan a solventar los ánimos de sus socios presupuestarios. «Derogar las leyes LGTBI habría sido llegar demasiado lejos», sostiene un diputado del PP que prefiere mantener el anonimato. De momento, Vox se ha quedado sin su contrapartida más importante.

Normas específicas

El parlamentario popular sostiene que la presidenta fue clara con la formación verde al avisar de sus intenciones hace semanas. «Dejen de colectivizar a homosexuales, no vamos a derogar ninguna de esas leyes», proclamó Ayuso el 9 de diciembre en la Asamblea. Las dos normas que quiere derogar Vox fueron aprobadas por el Parlamento regional en 2016, durante el mandato de Cristina Cifuentes. La primera, la ley contra la LGTBIfobia, contó con el apoyo unánime de la Cámara. La ley de Identidad y Expresión de Género, en cambio, se aprobó con la abstención del PP.

Vox lleva meses cargando tintas contra ellas. En octubre registró una proposición no de ley para derogarlas bajo el título de ley de Igualdad. Un texto de 32 páginas que no menciona ni en una ocasión la palabra mujer, algo que han criticado los colectivos feministas. En estos momentos, 13 comunidades autónomas cuentan con normas específicas para el colectivo LGTBI, aunque solo cuatro, Madrid entre ellas, han desarrollado una para proteger los derechos de los trans. Esta región también ha sido la primera en poner sobre la mesa una posible derogación.

La iniciativa de la formación verde proponía un marco normativo contra la discriminación por motivos de «raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición social», eliminando así uno específico para la comunidad LGTBI. La proposición de ley también omite los términos identidad de género y orientación sexual, objetos centrales de las leyes contra la discriminación de este colectivo. La tarde anterior al debate parlamentario cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para exigir que no se derogaran estas normativas.

Entre los asistentes, los principales dirigentes de la izquierda madrileña, que abortaron las intenciones de Vox. Su ley de igualdad no fue admitida a trámite gracias a los votos de Más Madrid, PSOE y Podemos. El PP se abstuvo y Monasterio entró en cólera. «Si defendiera la igualdad, no habría aprobado estas leyes de privilegio de género», espetó a Ayuso. Además, la acusó de cobarde por no apoyar su iniciativa. La presidenta se contuvo ante la fundamental votación que le espera esta semana, en la que depende de la formación verde para aprobar los Presupuestos del próximo año. 

«No ha salido adelante, pero Ayuso ha abierto la puerta a la mutilación de la ley actual», se lamenta Jorge Moruno, parlamentario de Más Madrid. En su opinión, Vox es «la infantería ideológica» de Ayuso. «La presidenta no cede con Vox, se nutre de ellos, y eso alimenta un clima cultural de extrema derecha», insiste Moruno. El responsable de Análisis Político de Más Madrid sostiene que el PP está «cada vez más desplazado a posiciones de derecha» y advierte de que Vox ya está en campaña. «Ahora llegan los Presupuestos y, por lógica, en breve todo se orientará a las elecciones. El problema que tiene Vox es que sus votantes prefieren a Ayuso». Por eso, defiende, Monasterio ha tenido que distanciarse con la ley de Igualdad.

«Posiciones homófobas»

Santiago Rivero, diputado autonómico y secretario LGTBI del PSOE-M, se muestra satisfecho de haber parado la «falsa ley de Igualdad de Vox», pero le habría gustado que el PP «no se hubiese puesto de perfil». En su opinión, la formación verde alienta posiciones homófobas: «Habla de que los homosexuales tienen privilegios, cuando en realidad lo que tienen son problemas». Él lo tiene claro, Vox ha entrado de lleno en la batalla electoral. Por eso, el jueves, fue Monasterio quien defendió la ley y no la parlamentaria Alicia Rubio, quien se encarga de estos temas.

«La intención es reforzar sus ideas-fuerza, las que van contra los migrantes y el colectivo LGTBI», afirma Rivero. El diputado sostiene que Vox tiene «miedo» de que Ayuso les robe los votos, ya que le está «comiendo el terreno ideológico». Cree que Ciudadanos supone un dique en la capital, algo que ya no sucede en la Comunidad. Por eso teme que el apoyo de la formación verde a los Presupuestos tenga a la larga contrapartidas en materia LGTBI: «Llevamos meses escuchando al PP que existen posibilidades de modificar estas leyes porque tienen deficiencias técnicas. Cuando se aprueba una ley con amplio consenso lo que hay que hacer es desarrollarla y mejorar lo que no funciona, no recortar derechos».

El filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, gurú del pensamiento conservador, afirma que es significativo que el PP se haya abstenido de suprimir unas leyes que ellos mismos aprobaron hace cinco años. Vox ha recibido críticas por presentar su propuesta a sabiendas de que no saldría adelante. Pero Quintana Paz es tajante: «Ha puesto el debate sobre la mesa. Está dando la batalla cultural y ese es un trabajo a largo plazo. Suprimir la ley LGTBI sin más no da resultado, lo eficaz es cultivar en la sociedad. Ese es el verdadero cambio, pero esas cosas van con lentitud».

El PP nunca ha cerrado la puerta por completo a las aspiraciones de Vox. Ha afirmado en no pocas ocasiones que estaría dispuesto a modificar los artículos que hacen referencia a la inversión de la carga de la prueba. Ambas formaciones están de acuerdo en este asunto. Consideran que supone un «ataque» contra la presunción de inocencia.

La inversión de la carga

El primero en mojarse fue el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty: «En Madrid estamos dispuestos a hacer cambios profundos en las leyes LGTBI», aseguró el 31 de octubre  en una entrevista con La Razón. Ayuso insistió en ello hace un par de semanas en la Asamblea: «Estamos en democracia y tenemos todo el derecho a reformar leyes y a derogarlas». Los populares se han ofrecido a negociar modificaciones concretas. Incluso han designado ya a una persona para que detecte déficits en la redacción de las normas: el consejero de Presidencia, Enrique López.

Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que los artículos sobre la inversión de la carga son «habituales» en las normativas de discriminación. Aparece en la legislación de diferentes comunidades autónomas (Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia), pero también en normativas comunitarias, como la Directiva Europea sobre Igualdad de Trato en el Empleo o en la Directiva de Igualdad de Trato por origen racial o étnico. Para hacer efectivo ese punto, el denunciante debe aportar «hechos o indicios razonables fundamentados y probados de haber sufrido discriminación». Al denunciado le corresponde demostrar que no ha habido discriminación. «No hay inversión de la carga de la prueba, sino un reparto».