Guardias civiles declaran la guerra a Marlaska por los «agravios» con policías nacionales
La AUGC exige que guardias y policías nacionales perciban los mismos pluses. Hasta entonces, esta asociación cortará toda relación con el Gobierno
Dos guardias civiles vigilan la entrada de un domicilio. | Efe
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha levantado en armas contra el Ministerio del Interior. Si esta organización, que cuenta con más de 25.000 afiliados, anunció hace algunas semanas el fin de las relaciones institucionales con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska por «los agravios» con Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral. Este jueves lo ha confirmado dando plantón a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el último pleno del Consejo de la Benemérita. El órgano en el que los agentes deben ser escuchados antes de que la Administración pretenda llevar a cabo cualquier modificación en lo que respecta a cuestiones laborales, sociales o económicas de los funcionarios que integran el Instituto Armado.
La AUGC razona su actitud beligerante con una larga lista de motivos, entre los que destacan los pluses que a diferencia de los guardias civiles, sí cobran los policías nacionales y autonómicos; la falta turnos de trabajo o de refuerzos especiales en algunas Comunidades Autónomas. «Nosotros también tenemos derecho a tener estas condiciones laborales y económicas», critica el portavoz de esta asociación profesional, Pedro Carmona, en conversación con THE OBJECTIVE.
Los guardias civiles se refieren al plus de turnicidad, que compensa el trabajo en horario de servicio de mañana, tarde y noche de los agentes de la Policía Nacional, y supone 120 euros más en la nómina de los agentes de la Policía Nacional. Y, sobre todo, al incentivo por territorialidad, que perciben los policías desde 1995, y que el Gobierno ha rechazado en los últimos días para los guardias, después de que Coalición Canaria presentase una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado instando a que se abonara este plus. En el caso de Madrid capital o Baleares, el complemento es de 190 y 151 euros, respectivamente.
Además de los anteriores, los agentes piden un reconocimiento de zona de especial singularidad para las demarcaciones de la Guardia Civil, como la provincia de Cádiz, «donde es necesario implementar medidas de refuerzo especiales y compensar el sobreesfuerzo al que están sometidos los agentes con un plus retributivo por la especial penosidad y peligrosidad del servicio».
300 euros más
También ponen hincapié en las jornadas laborales, básicamente en el hecho de tenerlas. Según denuncia la AUGC, a partir de marzo de 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a cambiar los turnos de trabajo con cadencias fijas a los policías nacionales, «turnos que la Guardia Civil no tiene pese a que una Orden General le obliga a ello desde el año 2015». «Somos los únicos profesionales de los servicios de emergencias que no tenemos turnos de trabajo, y realizamos un mayor número de horas al año que cualquier otro policía en España», critica Carmona, quien recuerda que un guardia civil «cobra 24 euros por trabajar en Nochebuena o Fin de Año».
Este escenario de «discriminación», sumado a la negativa del ministro del Interior de reunirse con algunas asociaciones profesionales y a la falta de avances en sus demandas, llevó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles a ir un paso más allá en su contienda y abandonar el pasado jueves el pleno del Consejo de la Guardia Civil, presidido por la directora del Instituto Armado, María Gámez.
Los guardias son claros: «La ruptura de relaciones instituciones se mantendrá hasta que el Gobierno no ponga fin a los agravios que padecemos en el Cuerpo aprobando y aplicando de manera urgente las mismas medidas de las que ya disponen los miembros de la Policía Nacional». En total, los agentes demandan entre 200 y 300 euros más en sus nóminas, sin tener en cuenta la cuantía extra que demandan para destinos como Cádiz o Cataluña.
Un objetivo que esperan conseguir, subrayan, con la aprobación de la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial, aquella que garantizará que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre policías que realicen las mismas funciones. Como, dicen, ocurre en su caso. Precisamente, la próxima semana, el Grupo Parlamentario Popular presentará una proposición de ley para que ese artículo se cumpla, aunque las probabilidades de que salga adelante por ahora son mínimas.
