Un imputado por el 3% de Cataluña dará clases de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial
La Audiencia Nacional investiga a Jordi Jané por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales que cobraba el extinto CDC
El exconseller catalán de Interior Jordi Jané. | EFE
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió este lunes al exconseller de Interior de la Generalitat de Cataluña Jordi Jané para impartir clases en el área de Derecho Constitucional y de la Unión Europa en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. Jané, abogado y exdiputado del Congreso, está imputado por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales y donaciones supuestamente cobradas por Convergencia de Catalunya (CDC), en el caso conocido como del 3% que todavía investiga la Audiencia Nacional, según confirman fuentes judiciales a THE OBJECTIVE.
En un auto, fechado en abril de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó investigar al expolítico así como a los exconsejeros catalanes Felip Puig, Irene Rigau y Pere Garcías y otros exdirigentes de CDC en una pieza separada, denominada Donaciones Blanqueo, dentro de la causa de la supuesta financiación irregular de la extinta formación. De hecho, en julio de ese mismo año, Jordi Jané declaró como investigado ante el juez instructor, que cifra las donaciones entregadas al partido entre 2000 y 2007 en más de 3,7 millones de euros.
Este procedimiento judicial abierto, sin embargo, no ha afectado al nombramiento del exconseller catalán de Interior entre 2015 y 2017 como nuevo profesor en la Escuela Judicial. Jordi Jané, que ha obtenido 14 de los 20 votos emitidos en el Pleno del CGPJ, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Generalitat, aunque se encuentra de excelencia voluntaria, y cuenta con experiencia docente como profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue uno de los tres consellers, junto a Meritxell Ruiz (Educación) y Neus Munté (de Presidencia) que dejó el Govern en 2017 por su desacuerdo con la convocatoria unilateral del referéndum del 1 de octubre.
Causa judicial abierta
En 2020, el juez José de la Mata resumió en el auto toda la investigación realizada hasta ese momento, que revelaba la «existencia de una financiación ilegal» en el partido catalán a partir de la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos de Cataluña y con distintos empresarios. Todo ello para «financiar ilegalmente» a la formación. Una estructura sostenida en el tiempo y con «un perfecto despliegue territorial e institucional», informó Europa Press.
Prueba de ello, añadía el instructor de la causa, era «el control exhaustivo» que llevaban a cabo distintos altos cargos sobre las licitaciones de obra pública y servicios que salían a concurso en las diferentes administraciones del ámbito territorial catalán. «Todas bajo la esfera de poder de este partido y sobre las que influían a fin de conseguir que fuera adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal». De hecho, explica el auto, las autoridades de las administraciones, de acuerdo con los responsables del partido político extinto, «alteraron todo tipo de concursos públicos» con el objetivo de dirigir los mismos hacia las empresas interesadas.
Blanqueo
También se producían pagos corruptos, según la investigación. «Múltiples empresarios, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para pagos encubiertos al partido bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones vinculadas a la formación». Estas eran Catdem o Fundación Forum Barcelona. En algunos casos, estos pagos se realizaban a cambio de adjudicaciones de concursos públicos. En otros, los empresarios lo hacían «para congraciarse con el partido», con el fin de mantener una buena relación y beneficiarse en el futuro de posibles adjudicaciones.
Otro elemento que surge de la investigación es el «posterior blanqueo de capitales», tras la recepción del dinero efectivo. Y es que, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ve «suficientes indicios» como para investigar si las aparentes donaciones de dinero «son en realidad actos de afloramiento de dinero». Un último escenario en el que el juez sitúa, entre otros, al exconseller catalán de Interior, Jordi Jané.
