Dignidad y Justicia pide a la Fiscalía que investigue el recibimiento de EH Bildu y Sortu al exjefe de ETA Mikel Antza
Aseguran que la concentración supuso una «humillación a las víctimas» y sirvió para «justificar las acciones terroristas»
El exjefe de ETA ‘Mikel Antza' saluda a miembros de Sortu y EH Bildu. | Europa Press
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue el recibimiento que varios miembros de EH Bildu y de Sortu realizó al exjefe de ETA Mikel ‘Antza’ el pasado martes a su llegada a los juzgados de San Sebastián, donde declaró por su presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez.
En la denuncia presentada este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación asegura que la concentración sirvió «para justificar las acciones terroristas cometidas por este etarra y su pertenencia como uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista».
Es por eso que solicitan que se libre un oficio tanto a la Unidad Central de Inteligencia (UCI), como al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Ertzaintza para que confirmen que los asistentes pertenecían a sendas organizaciones políticas, procediendo a su declaración por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares.
Así, y citando jurisprudencia de la propia Audiencia Nacional, la asociación insiste en que ese «homenaje constituiría un acto de exaltación» al «currículum delictivo» de Antza, lo que «vulneraría» el Código Penal y constituiría «un acto de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el consiguiente dolor, menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan».
No se enmarca «dentro del derecho de reunión»
«Son numerosas las resoluciones que se han dictado condenando actos de similares características pues la celebración de dichos actos no puede enmarcarse dentro del derecho de reunión o de manifestación y supone una justificación de los delitos terroristas y de quien los comete, amén de ser una clara ofensa y humillación para las víctimas del terrorismo», inciden.
Especialmente, continúa la denuncia, si se tiene en cuenta que «la pertenencia a la organización terrorista ETA del homenajeado es pública y notoria». «El mismo fue condenado en Francia junto con su compañera sentimental y madre de su único hijo, Soledad Iparaguirre ‘Anboto’ a veinte años de prisión por asociación de malhechores, por ser el máximo dirigente del aparato político de la organización terrorista ETA», recuerdan.
Dignidad y Justicia señala asimismo que Antza acudió ese día a los juzgados para declarar en la causa por la que está siendo investigado en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia «al Comité Ejecutivo de la organización terrorista ETA (ZUBA) y por haber participado en la decisión de asesinar a Gregorio Ordoñez Fenollar y transmitir la orden al comando que acabó con su vida».
Antza, ante el juez
El que fuera jefe de la banda rechazó hacer declaraciones a su llegada a la sede judicial, donde fue recibido con aplausos de varios integrantes de Sortu y de EH Bildu, que se concentraron detrás de una pancarta en la que se leía: ‘Konponbidea eta bakea’ (solución y paz’, y «Mikel Albisu gurekin (Mikel Albisu con nosotros)».
Antza negó ante el juez su implicación en el asesinato de Ordóñez al tiempo que denunció que las pruebas que llevaron a su declaración están manipuladas, refiriéndose así a los informes de inteligencia elaborados por la Guardia Civil que se basan en declaraciones policiales de presos de la banda.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó tras su declaración la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización del juzgado, retirada de pasaporte y designación de domicilio en España, así como un teléfono de contacto permanente donde pudiera ser notificado y citado.
Y lo hizo aludiendo a la «extraordinaria gravedad del delito que se le imputa al encausado y las elevadas penas que pudieran imponerse en sentencia en caso de condena». Todo ello para evitar que Antza pudiera «optar por eludir la acción de la justicia y ponerse fuera del alcance del enjuiciamiento».
