Un problema informático en la Audiencia Nacional frena los recursos para reabrir 'Kitchen'

Un «problema técnico» en el programa informático de la Audiencia Nacional que permite dar traslado digital de los miles de papeles que nutren una causa ha impedido elevar a la Sala de lo Penal los recursos de apelación formulados por la Fiscalía Anticorrupción, demás acusaciones y defensas contra el final de la instrucción de la ‘Operación Kitchen’, que con carácter general solicitan que las pesquisas se reabran para indagar en la «trama política».

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha comunicado a las partes, en una diligencia de ordenación del pasado martes a la que ha tenido acceso Europa Press, la existencia de «un problema técnico en el aplicativo Minerva de tramitación que impide ejecutar informáticamente el trámite de incoación de los recursos de apelación«.

«Dicha incidencia se encuentra a día de hoy pendiente de solución, tras haberse informado puntualmente a los Servicios Informáticos, poniendo en su conocimiento el carácter urgente de la solución del problema», añade.

La sede judicial se muestra consciente del «grave perjuicio que puede causar en la marcha de las actuaciones el retraso en la tramitación de los recursos de apelación y su correspondiente elevación a la Sala de lo Penal».

El titular se este juzgado, Manuel García-Castellón, acordó en un auto del pasado 29 de julio poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje que entre 2013 y 2015 se habría organizado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que cayera en manos de la Justicia.

El magistrado concluyó que ese espionaje parapolicial existió y que tuvo éxito, y procesó al ex ministro Jorge Fernández Díaz como ‘cerebro’ de la ‘Kitchen’, junto a otras diez personas, incluido el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

A lo largo del mes de septiembre, la mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideran un «cierre en falso» del caso. Así, Anticorrupción, en una lógica que asumen buena parte de las impugnaciones, acusó al instructor de dibujar una «línea roja» en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a «una posible responsabilidad» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.