Moncloa retrasó la publicación del decreto laboral para aprobarlo en febrero
El Gobierno necesitaba ganar tiempo para cumplir los 30 días legales fijados para su aprobación sin necesidad de convocar un pleno extraordinario en enero
No es un hecho insólito pero sí inusual. El Gobierno decidió esta semana retrasar la publicación en el Boletín del Estado (BOE) de la reforma laboral que, tras su aprobación el martes por el Consejo de Ministros, debería haberse publicado en el BOE al día siguiente, miércoles 29 de diciembre, previa entrada en vigor el jueves 30. Los motivos iniciales argumentados por Moncloa fueron «pequeños detalles técnicos», que motivaron que se revisara varias veces el texto para evitar problemas futuros en su convalidación parlamentaria.
Pero las verdaderas razones de su demora en el BOE denotan la improvisación con la que se mueve el Gobierno a la hora de aprobar sus iniciativas legislativas. Según las fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE, la explicación al retraso fue la necesidad del Gobierno de garantizarse que el decreto de la reforma laboral no decayera a los 30 días hábiles, según fija la Ley para la convalidación de los reales decretos, ante la imposibilidad de no poder convocar un pleno extraordinario en el mes de enero, mes inhábil en las Cortes.
Un asunto que motivó la decisión de los estrategas gubernamentales de posponer la publicación inmediata en el BOE con el objetivo de que el pleno fijado para su convalidación parlamentaria se produjera ya en el mes de febrero, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones parlamentarias. De haberse publicado en el BOE el día 29 de diciembre, con su entrada en vigor el jueves 30, el plazo de los 30 días hábiles expiraría el viernes 11 de febrero. Pero al tratarse del inicio de periodo de sesiones y primera semana del mes, cuando no hay actividad plenaria, el Ejecutivo tuvo la necesidad de «contar con margen» para fijar el pleno de su aprobación en el orden del día.
Blindarse ante los letrados
Se retrasó aun día, al jueves 30 con entrada en vigor el viernes 31 de diciembre, lo cual llevaría el límite legal para su aprobación al lunes 14 de febrero, con «margen suficiente» ante la posibilidad de que los letrados de la cámara pudieran retrasar la fijación del pleno en el orden del día. Según las citadas fuentes, «no es la primera vez» que una interpretación rígida del reglamento del Congreso por parte de los letrados de la cámara baja obliga a adelantar su aprobación pleno, algo que ya ocurrió con uno de los últimos decretos aprobados por el Congreso, que tuvo que ser debatido el martes por la tarde, en lugar del jueves, el día reservado para la actividad legislativa del Gobierno frente a la de los grupos de la oposición.
Las cuentas del Ejecutivo en relación a su derecho laboral echarían al traste los plazos fijados para el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en la semana anterior, en relación a la vuelta de las mascarillas en exteriores. Un texto que, de aprobarse, tendría que ser debatido en enero en un pleno extraordinario, para lo cual se tendrá que convocar al máximo órgano parlamentario en periodo extraordinario, la Diputación Permanente, a mediados de mes.
Sin embargo, el Gobierno no descarta que «el decreto pueda decaer» si llegado el momento de su aprobación la variante ómicron ha rebajado su intensidad y transmisibilidad explosiva y no hay necesidad de convalidar el decreto que recupera la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores porque «ya haya cumplido con su función», según fuentes de Moncloa.
Los técnicos: «Hay precedentes menores»
Fuentes técnicas consultadas por este periódico explican que la fórmula empleada de retrasar la publicación en el BOE supone algo «habitual» para cuestiones menores a las que se les da unos días desde su anuncio en el Consejo de Ministros para «seguir trabajando detalles sobre los textos». Aunque no es tan habitual que se produzca en leyes o reformas que «tienen más visibilidad por la materia y la negociación previa» y su repercusión en los medios de comunicación.
