El Congreso tiene 'congeladas' 15 leyes procedentes de decretos urgentes y la mitad acumula ya un año de parón

El Congreso arranca 2022 teniendo ‘congeladas’ una quincena de leyes procedentes de decretos ley aprobados con urgencia por el Gobierno y que, tras ser convalidados, los grupos forzaron que se tramitaran como proyectos de ley para poder introducir cambios. Pese a que todas ellas formalmente se tramitan por el procedimiento abreviado, la mitad ha cumplido ya un año en el cajón de las iniciativas paralizadas porque la Mesa del Congreso no pone fin a los plazos para la presentación de enmiendas.

En la misma situación de ‘hibernación’ se encuentran otras 23 iniciativas legislativas, según los datos de la Cámara recogidos por Europa Press. Entre ellas no sólo hay reformas auspiciadas por la sociedad civil, el Senado o parlamentos autonómicos, sino también proposiciones de ley de los socios parlamentarios e incluso de los partidos que integran el Gobierno de coalición.

El órgano que impone los tiempos para inicio de la tramitación de las iniciativas es la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría frente al PP y Vox. Sin embargo, socialistas y morados ni siquiera unen sus fuerzas para activar la tramitación de sus propios textos.

La mayoría de la quincena de decretos leyes reconvertidos en proyectos de ley que están pendientes contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestas en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado ‘escudo social’ y sus prórrogas. Todas ellas están en vigor porque fueron convalidadas en su momento, pero está por ver si finalmente los grupos podrán modificarlas.

Pero también están paralizadas otras procedentes de decretos urgentes para la reducción de la brecha de género, la adaptación al Brexit, la modernización de la Administración Pública, la rehabilitación de edificios o la modificación del impuesto de pluvalías.

Una veintena de proposiciones de ley

Las proposiciones de ley de grupos parlamentarios que empiezan varadas el año 2022 ascienden a una veintena. Casi un tercio de las mismas provienen del Senado y otras tres lo hacen de asambleas autonómicas: del Parlamento catalán espera una reforma de la Ley de Memoria, del balear otra para la protección de Mediterráneo y del vasco la destinada a la creación de un fondo de compensación para víctimas del amianto.

En similar tesitura hay dos leyes del PNV, una para eliminar el recurso previo ante el Tribunal Constitucional y las sanciones por incumplir sus sentencias, y otra para reformar la legislación sobre secretos oficiales; y otras dos del PDeCAT, sobre morosidad e incentivos al mecenazgo, respectivamente.

ERC por su parte, aún no ha visto arrancar la discusión sobre su propuesta para la prevención de abusos sexuales en centros educativos ni tampoco la relativa a los bebés robados que firmó en septiembre de 2020 junto con Unidas Podemos, PSOE, Bildu y el Grupo Plural.

A la lista se añade también una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso, planteada por el PSOE para regular la actuación en los ‘lobbies’ la Cámara Baja, y la norma que los socialistas presentaron junto a sus socios de gobierno para acabar con el voto rogado para los españoles que viven en el extranjero.

Dos ILP de 2016 avaladas por medio millón de firmas

Con la única firma de Unidas Podemos están pendientes la reforma del Código Penal para la despenalización de los llamados delitos de opinión y evitar la cárcel en casos como las injurias a la Corona, los ataques a los símbolos del Estado y el enaltecimiento del terrorismo y la que defiende una Ley General de Salud Mental.

Entre las que ‘duermen el sueño de los justos’ figuran también sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que llegaron a la Cámara en 2016 tras el esfuerzo de sus promotores para recabar medio millón de firmas, como exige la ley. Una busca modificar los ratios de enfermeras para garantizar un buen servicio en los centros de salud, y la otra acabar con el copago en los servicios de dependencia.

Tampoco acaba de arrancar la propuesta de reforma de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’ en el artículo 49. El Gobierno la envió al Congreso el pasado mes de mayo, pero PP y Vox no la respaldan y podría descarrilar ya que requiere al menos el apoyo de los ‘populares’ puesto que necesita mayoría cualificada (210 votos) para salir adelante.

Y proyectos del Gobierno com ola Ley de Memoria

También hay pendientes varios proyectos de ley, cuya tramitación está paralizada, pese a que los grupos ya han presentado sus enmiendas de parciales. Es el caso, entre otras de la nueva Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno ha preferido dejar en barbecho hasta lograr apoyos suficientes para garantizarse su aprobación.

Asimismo, esperan para ser discutidas las enmiendas registradas durante el pasado otoño a las leyes sobre la retribución del CO2 no permitido del mercado eléctrico, la que crea el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la ley de residuos y suelos contaminados.