El Govern se arriesga a una condena por malversación si asume gastos legales tras alentar a la desobediencia del 25%

El Govern de Pere Aragonès ha anunciado un plan para dar cobertura legal a los directores y equipos docentes de las escuelas públicas de la región que desobedezcan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aplicar un 25% de horas lectivas en castellano. A la espera de cómo se concrete este plan, las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE consideran que la Generalitat de Cataluña, como administración autonómica, puede verse afectada por un posibler delito de malversación.

El hecho de que la Generalitat llame a desoír a los tribunales y, posteriormente, se ofrezca a asumir los gastos legales de aquellos profesores que consuman una eventual insumisión a la ley no se ajusta al principio legal de indemnidad al que tienen derecho los trabajadores públicos, consideran los expertos consultados. El jurista y vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafa Arenas, se muestra prudente hasta que el Ejecutivo catalán haga público su plan, pero considera que la carta enviada por el conseller de Educación, Josep González Cambray, a los directores de colegio instando a no modificar el modelo de inmersión es una prueba fáctica de un llamamiento a la desobediencia: «Lo más grave es que una autoridad pública ordene a un funcionario que desobedezca una sentencia».

Por su parte, el abogado y presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, recuerda que la normativa de la Generalitat no cubre los gastos de delitos dolosos y que, si hay condena, serán los funcionarios quienes deberán pagar de su bolsillo las sumas reclamadas. De hecho, sucede lo mismo con el fondo creado por la Generalitat para cubrir los avales de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el gasto exterior en el procés, que solo se cubre mientras no haya condena.

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, el Govern se limita a hablar de la defensa jurídica que la administración ofrece a todos los funcionarios «ante posibles ataques». Usan el término ambigüo de ‘ataques’, pero no se comprometen abiertamente a hablar de cobertura legal ante una desobediencia: «[El Govern] ha aprobado proteger con todos los medios las personas que rijan los centros educativos, los y las docentes, y el resto de personas que presten servicios ante posibles ataques».

Como informó este medio, ERC aseguró en privado al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpliría con todas las sentencias judiciales, y hasta la fecha, ningún centro ha desobedecido una sentencia firme. Queda por ver, una vez el TSJC comunique a la Generalitat la sentencia, cómo la aplican con carácter general a todas las escuelas de la región. Se baraja poner «atención individualizada» a los alumnos que piden castellano como una vía de inhibir a más familias a reclamar sus derechos lingüísticos, pero muy probablemente esta medida chocará con la legalidad.

Es en este callejón sin salida, y ante las presiones de los centros escolares, que el Govern ha anunciado un acuerdo para proteger a los profesionales de la educación. Los equipos legales de la Generalitat deberán encontrar la fórmula para que la administración catalana evite responsabilidades patrimoniales o penales, pero todo apunta a que hay poco margen de actuación si el Govern se empeña en llamar a los docentes a desobedecer y, posteriormente, paga los costes de su defensa.

Defensa discrecional

Otro punto en el que los expertos consultados ven dudas respecto a los plantes de la Generalitat es en esa «defensa discrecional» según quién sea el empleado público. Mientras algunos agentes de los Mossos d’Esquadra han visto cómo la administración catalana se retiraba de sus causas, ahora el Govern se manifiesta públicamente a favor de defender a los profesores que desobedezcan a los tribunales.

La defensa ofrecida por la Generalitat a quien desobedezca se basa en un supuesto principio de indemnidad del funcionario público en el desarrollo de las funciones propias de su cargo. Pero según las fuentes jurídicas consultadas, estos principios no cubren los gastos de «actuaciones ilíctias del propio funcionariado».

«El derecho de los funcionarios a ser defendidos no es discrecional. Además en caso de que se condene a un mosso o a un profesor hay también una responsabilidad patrimonial de la administración», añade Arenas. Y es que el nacionalismo ha presionado muy fuerte para que la Generalitat se retire de muchas causas en los que activistas independentistas eran investigados por desórdenes públicos. Esto ha obligado a algunos mossos a buscarse defensa por su cuenta.

Como informó Vilaweb, hasta 12 agentes de la Policía autonómica ejercieron de acusación particular en el caso del asedio de independentistas en el Parlament el 30 de enero de 2018 después de que la Generalitat se retirase como parte en el litigio.

Pena de inhabilitación

Más allá de la responsabilidad derivada de la actuación de la Generalitat, cabe destacar que los profesores que incurran en una eventual desobediencia también se exponen a una condena que les inhabilite para cargo público. Es decir, por mucho que el Govern se avenga a defenderles, las consecuencias más directas de una desobediencia recaerán sobre el profesor y el resto de responsables de llevarla a cabo. «Con su anuncio, la Generalitat intenta darle más reconocimiento institucional, pero es un brindis al sol», sostiene Escolano.

En el caso de que estas instrucciones se remitan por carta o a través de comunicados, puede representar una prueba de un hecho delictivo y podrían poner a los directores escolares en la complicada situación de no cumplir con las órdenes de sus superiores jerárquicos con el fin de no desobedecer a la Justicia.