El Gobierno descarta reformar el delito de sedición: «Hay otras prioridades»

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el Plan normativo del Gobierno no incluirá la reforma del Código Penal para modificar los delitos de rebelión o sedición y tampoco se ha incluido ninguna normativa sobre la Corona.

Ninguno de estos asuntos estará incluido en las 368 normas que aprobará el Gobierno este año, según el Plan Normativo que ha presentado este martes el ministro, dado que el Gobierno considera que no están alineadas con los ejes estratégicos que se ha marcado para este ejercicio, entre las que está la recuperación económica y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. «Hay otras prioridades», afirman fuentes del Ejecutivo.

De estas 368 normas –«casi una norma por día», según el ministro–, 61 están relacionadas con el Plan de Recuperación, 92 serán leyes, 11 de las cuales serán leyes orgánicas y 81 ordinarias y el resto, 276, serán Reales Decretos. Entre las novedades se incluye una Ley de Organización de los Municipios de Menor Tamaño, una de prevención de conflictos de interés en el sector público, regulando las segundas actividades y una regulación de las relaciones con los grupos de interés.

Al ser preguntado si en el Plan normativo se incluye la reforma del Código Penal por los delitos de rebelión, sedición o injurias a la Corona, o si alguna norma hace referencia a la Casa Real, vía Ley de la Corona o Ley de Transparencia, el ministro ha dejado claro que no.

En este sentido, ha argumentado que el Gobierno se plantea el año 2022 como «muy importante en la recuperación económica, con una trascendencia histórica, que es hacer una segunda moderniazación económica de nuestro país».

Así, ha afirmado que el Gobierno no solo tiene una hoja de ruta sino que también cuenta con los fondos europeos para mejorar la estructura productiva del país y además, quiere «seguir profundizando en derechos y libertades para mejorar la vida de las personas». Y ha resumido las prioridades y los compromisos con la Unión Europea en: digitalización, transición ecológica, cohesión social, territorial e igualdad.

Estas «son las prioridades», ha recalcado y ha añadido que estos objetivos hacen que el Ejecutivo haya presentado un «plan normativo donde hay normas que se contienen porque están alineadas con estos ejes estratégicos y otras normas que no están en el Plan Anual normativo, por ejemplo, la reforma del Cógido Penal» en lo que se refiere a la modificación de los delitos de rebelión, sedición o injurias a la Corona.

Ley de Transparencia

En cuanto a la Ley de Transparencia, ha precisado que lo que va a hacer es incluir es una regulación de los grupos de interés y no va a hacer referencia a la Corona, como tampoco habrá una Ley relativa a la misma.

En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, el ministro de la Presidencia ha recordado que el Ministerio de Hacienda presentó algunos borradores de trabajo que están estudiando las CCAA. «Ahí tendremos que hacer un esfuerzo de acuerdo y equilibrio al que estamos acostumbrados», ha señalado Bolaños para acto seguido precisar que no les da miedo negociar, dialogar y acordar «con múltiples partes» como es el caso.

En este sentido, ha señalado que el sistema de financiación autonómica tiene que garantizar una financiación adecuada para que las CCAA puedan prestar los servicios públicos que deben prestar por sus competencias.

El ministro, que ha calificado la primera mitad de la Legislatura muy «fructífera» en cuanto a Legislación se refiere, ha expuesto algunas de las Leyes y normas que el Gobierno tiene previsto aprobar este año. Así, y organizadas por bloques, ha señalado los siguentes:

En el bloque de la digitalización, Bolaños ha incluido: una ley de ciencia que va a garantizar una carrera investigadora; una Ley de Industria, para adaptar la norma a la situación actual de la industria y de la economía productiva, ya que la vigente es de 1992; una Ley para garantizar redes y servicios de comunicaciones del 5G o un Estatuto de startup para que los estudiantes en las prácticas se puedan consolidar proyectos empresariales para jóvenes.

En el bloque de cohesión social y territorial, el Gobierno aprobará las siguientes normas: Ley de Vivienda, que irá pronto al Consejo de Minisntro para «fomentar alquileres a precios razonables»; Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar financiación pública del sistema sanitario y eliminar de manera definitiva los copagos o una Ley de Servicios sociales para que la cartera mínima de servicios sea la misma en cualquier lugar del país.

En este bloque se incluyen también: un Real Decreto que «lleve el sello de inclusión social», Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno; un Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad o una Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.

A ellas, se añade una Ley de Mejora y Colaboración de las Administraciones Públicas y de Organización de los municipios de menor tamaño, que irá próximamente a Consejo de Ministros, y pretende optimizar las prestaciones de servicios tanto en ciudades como pueblos, la organización en mancomunidades o simplificar trámites.

En el bloque de Igualdad de Género se incluye una reforma de la Ley de Protección Integral contra la violencia de género en línea con el pacto de Estado; la Ley de Trata para acabar con la lacra de explotación sexual de mujeres y niños; la reforma de la Ley del Aborto; una Ley de Familias; una normativa para abolir la prostitución o la transposición de una directiva sobre conciliación de la vida laboral y profesional.

Regulación de terrenos contaminados

El ministro también ha mencionado en el bloque de transición ecológica: una Ley para establecer normas para la implantación en España del sistema de gestión de la PAC, para hacer más eficiente la gestión de las ayudas y su control; una Ley de Pesca sostenible, para modernizar el sector; una modificación de la Ley sobre energía nuclear para regular los terrenos contaminados radiológicamente; transponer la directiva sobre el uso de energías de fuentes renovables o un Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.

Además, Félix Bolaños ha añadido un bloque de regeneración y mejora de la calidad democrática que incluirá una Ley de Prevención de Conflictos de interés en el sector público, que regulará las segundas actividades y cuáles son las condiciones de abstención cuando hay conflicto de intereses y la incorporación a la Ley de Transparencia de una regulación de las relaciones con los grupos de interés.