El Gobierno aprueba la creación de la IGP Jamón Serrano pese a la oposición de las Denominaciones de Origen
Agricultura prefiere vincular esta indicación a su reputación nacional o internacional como un alimento español
Eduardo Parra | Europa Press
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha adoptado una decisión favorable para que el jamón serrano español pase de contar con el sello de calidad de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) a registrarse como Indicación Geográfica Protegida (IGP).
El BOE ha publicado este miércoles dos resoluciones en las que certifica esta decisión. En la primera, el Ministerio apunta que la anulación de la ETG para su posterior reconversión en IGP Jamón Serrano fue recurrida en un principio por el Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez.
También mostraron su oposición la asociación Origen España, los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOPs) Miel de Granada y de la de vinos Granada, así como los ayuntamientos de Serón (Almería) y Jubiles (Granada) y varias jamoneras inscritas en la ETG Jamón de Trevélez.
Los opositores a esta decisión consideran que la sustitución de la ETG por la IGP devaluará el producto. Explican que la Especialidad Tradicional Garantizada es un régimen de calidad «que no está ligado al origen, sino a los métodos de producción y a las recetas tradicionales de elaboración». Argumentan que equiparar su etiqueta a la de jamones producidos en secaderos industriales o en la costa será un impedimento a la hora de poder competir en igualdad de condiciones.
Abarca un concepto más amplio que el geográfico
Agricultura explica que la definición de IGP abarca un concepto más amplio que el geográfico, ya que puede vincularse a una cualidad o característica del producto, como a su reputación nacional o internacional, tal y como ocurre en el caso de Jamón Serrano, que se asocia a un alimento español.
Su aprobación como IGP se producirá tras su remisión y posterior aprobación de las condiciones fijadas para este sello de calidad por la Comisión Europea, que ya ha concluido el examen del expediente de registro y ha considerado que cumple la reglamentación comunitaria.
