El Gobierno pretende que las víctimas de accidentes de tráfico tributen IRPF

Hasta ahora, las indemnizaciones por accidente de tráfico siempre han estado exentas del IRPF. Sin embargo, la Disposición final segunda del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia plantea una reforma de ley de manera que las indemnizaciones que reciben las víctimas de accidentes de tráfico paguen impuestos.

El texto del anteproyecto, firmado por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre.

«Es lamentable que se pretenda gravar estas indemnizaciones. Lo que se otorgan son unas compensaciones por unos daños personales dado que el lesionado pierde parte de su patrimonio biológico, no hay ganancias», denuncia a THE OBJECTIVE Alberto Salas, presidente de Abogados de víctimas de accidentes (ADEVI).

Por ello, tanto ADEVI como la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), la otra gran asociación de abogados que representan a este colectivo, ya estudian medidas conjuntas para frenar esta iniciativa. 

La figura del «tercero neutral»

En la Disposición final segunda del anteproyecto de ley, se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Sin embargo, como novedad, tampoco tributarán aquellas que se alcancen mediante un pacto amistoso entre las partes con la intervención de «un tercero neutral» o un notario que haga de mediador «con la finalidad de garantizar que la indemnización corresponda a situaciones reales, evitándose situaciones indeseadas de planificación o fraude fiscal».

En este sentido, Alberto Salas manifiesta que esto provocaría un «desbordamiento» de los procesos judiciales «porque nos obligaría a judicializar todos los asuntos sin poder llegar a acuerdos con las aseguradoras». Además, podría abrir la puerta a fraudes procesales y a evitar acuerdos amistosos con la compañía del contrario. 

«Al final se van a multiplicar por 1.000 los procedimientos judiciales para evitar la tributación que ahora se plantea», añade, y recuerda que hasta ahora había exención total también de los intereses moratorios, algo que si esta reforma llega a validarse podría variar.

Medida recaudatoria

En 2020 se produjeron en España un total de 72.959 accidentes de tráfico con víctimas, en los que, además de las 1.370 personas que perdieron la vida, 94.562 resultaron heridas, según los anuarios estadísticos de la Dirección General de Tráfico.

El cálculo de las indemnizaciones por accidente de tráfico se basa en unos baremos que se actualizan anualmente y que establecen las cantidades a recibir por los afectados por incapacidad temporal o tiempo de curación y por incapacidad permanente o secuelas. Las indemnizaciones contempladas en el baremo de accidentes de tráfico de 2021 suben un 0,90%.

Para Alberto Salas, esta medida tiene un «afán recaudatorio», ya que desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial. «La cuestión es recaudar aquello que hemos perdido con la pandemia, y no saben ya dónde rascar. Donde el Estado ve dinero, ahí que va», denuncia el presidente de ADEVI, que critica también la imprecisión del texto, ya que «no se sabe ni los porcentajes que se deberían tributar ni las condiciones».

Además, Salas señala que esta Disposición «choca frontalmente» con el artículo 33 de la Ley 35/2015 o Baremo de Tráfico 2015 que dice que «las víctimas serán indemnizadas en su total satisfacción». «Partiendo de ese principio, esa norma vulneraría ese artículo y nos plateamos si es anticonstitucional porque podría afectar a derechos fundamentales», argumenta.

«Nos resulta lamentable y muy triste. Pensamos que por parte de los poderes públicos no se vela por el interés de los perjudicados, donde se dan situaciones muy dramáticas», y reza: «Esperemos que esto no salga adelante».

La respuesta de Justicia

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia, tras ser preguntado por THE OBJECTIVE, aseguran que buscarán «el máximo acuerdo y consenso con el resto de fuerzas políticas». Además, manifiestan que «estudiarán con determinación» la cuestión «ante la preocupación de las víctimas de accidentes».

Esta tarde, ADEVI, ANAVA-RC y Adaviar, de corte autonómico en Cataluña, mantendrán una reunión para «fijar posturas». «Hemos puesto el tema en conocimiento del fiscal de Tráfico Bartolomé Vargas y contactado con UNESPA para ver reacciones. Creo que hay que frenar este tipo de iniciativas, porque realmente las víctimas no tienen incremento patrimonial, solo se resarcen sus daños», concluye Alberto Salas.