Las víctimas del franquismo piden a Sánchez convertir la cárcel de Carabanchel en un memorial
La ARMH considera un agravio comparativo que el presidente anunciara en diciembre un centro para las víctimas del terrorismo
Protesta por los derechos de las víctimas del franquismo. | Isabel Infantes (Europa Press)
Un centro para dar mayor visibilidad a las víctimas del terrorismo y preservar su memoria. El anuncio fue realizado el 21 de diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los afectados por el franquismo lo consideran un agravio comparativo, ya que en más de cuatro décadas de democracia ningún gobierno ha promovido una iniciativa similar para su colectivo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una solicitud para reclamar un memorial que reconozca públicamente el daño que sufrieron. Una de las ubicaciones que barajan es la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid.
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fue presentado ante la Secretaría del Presidente del Gobierno el lunes mediante registro electrónico. El asunto no deja lugar a dudas: «Centro Memoria para las víctimas del terrorismo. ¿Y las del franquismo?». La asociación expone en el texto que días antes de Navidad, Sánchez presidió una reunión con el Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en la que anunció la creación de un centro memorial con sede en la capital.
«Sánchez nos discrimina»
El presidente explicó que la nueva sede estaría dedicada al terrorismo yihadista, a cuya amenaza se está ahora más expuesto y ha provocado daños y sufrimientos «irreparables y profundos en Madrid y Cataluña», si bien no excluirá a las víctimas de otros terrorismos, como el de ETA. El centro se uniría al inaugurado en Vitoria el 1 de junio. «Es una muestra del firme compromiso del Gobierno y de todas las instituciones del Estado para reformar el conocimiento sobre los estragos provocados por el terrorismo», aseguró el jefe del Ejecutivo.
La ARMH no critica la creación del centro, pero considera que el Gobierno les discrimina. Por eso han registrado el documento donde solicitan que se apruebe la creación de un memorial que reconozca a las víctimas de la dictadura y a quienes lucharon contra ella. «Un museo de la memoria que denuncie las violaciones de derechos humanos que llevaron a cabo los golpistas en 1936 y cuente la historia de quienes se beneficiaron del golpe de Estado y de un régimen que durante 40 años se negó a celebrar elecciones democráticas y persiguió, torturó y asesinó a miles de personas», insiste el texto.
«Una democracia debe articular políticas de memoria para denunciar en el presente las violaciones de derecho de la dictadura. Es un merecido reconocimiento para las víctimas y una herramienta de pedagogía democrática para las presentes y las futuras generaciones», sostiene Emilio Silva, presidente de la ARMH. En su opinión, el anuncio de Sánchez les lleva a constatar que, para el Estado, hay víctimas de primera y de segunda categoría. «Las del terrorismo han podido investigar, juzgar y reparar los crímenes que han sufrido. Las del franquismo no han visto jamás sentado en un banquillo a un responsable de los crímenes», lamenta.
Silva indica que «a un Estado democrático le deben de doler todos sus ciudadanos» y «no puede hacer una lectura política de las víctimas ni de los verdugos. Hay que juzgar y reparar». Algo que, en su opinión, no ha conseguido ni la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La asociación que dirige recupera desde su fundación en el 2000, y sin ayudas públicas, los cuerpos de los fusilados por el bando sublevado que aún permanecen desaparecidos.
La antigua cárcel de Carabanchel
Si el Gobierno accede a levantar un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura, Silva considera que podría alojarse en la antigua cárcel de Carabanchel, construida por presos del régimen franquista en 1940 para cubrir las necesidades penitenciarias de Madrid. Estuvo en funcionamiento hasta 1998 y fue demolida una década más tarde.
Diversos colectivos ya solicitaron valorar los terrenos de la prisión para levantar un centro de reinterpretación. El Comisionado de Memoria Histórica nombrado por Manuela Carmena propuso el enclave como Lugar de memoria, pero la llegada a la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida abortó la operación. Lo mismo ocurrió con el memorial de La Almudena, de donde retiraron las placas con los nombres de los casi tres mil fusilados en la capital entre 1939 y 1944 cuando estaba a punto de finalizarse.
En caso de que el Gobierno no acepte la propuesta de crear un memorial para las víctimas del franquismo, la ARMH solicita en su escrito que se le informe de los argumentos por los que se declina, porque «se podría entender que las víctimas del terrorismo tienen más derechos que les víctimas de la dictadura franquista». Para la asociación, supondría saldar «una mínima parte de la enorme deuda del Estado democrático con miles de víctimas».
A finales del pasado año, el PSOE ya decidió aparcar la ley de Memoria Democrática que preparaba el Gobierno ante la ausencia de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. El texto del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros provocó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y ERC, que pedía derogar la Ley de Amnistía de 1977.
