El presidente del PP de Salamanca se niega a declarar ante juez por financiación ilegal

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y el representante legal del partido en esta provincia -como persona jurídica- se han negado este lunes a declarar como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca que investiga un posible delito de financiación ilegal en las primarias de 2017, cuando eligieron candidato del partido al actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Según han explicado a los medios de comunicación el abogado de la acción popular, que ejerce Foro de Izquierdas-Los Verdes, Francisco Martín del Río, tanto Iglesias como el PP han rechazado declarar ante el juez instructor hasta que se resuelvan los recursos presentados ante la Audiencia de Salamanca contra esta citación.

Además, Javier Iglesias no ha acudido a prestar declaración presencial a los juzgados y ha comparecido ante el juez de forma telemática argumentando que no se encontraba del todo bien por los efectos de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que le ha sido inoculada este lunes.

El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca mantiene abierta una investigación sobre una supuesta financiación ilegal dentro de las primarias de 2017 y que a finales de noviembre desembocó en la imputación de Javier Iglesias, del PP en Salamanca como persona jurídica y a la gerente del partido, Isabel Sánchez, al considerar que existen indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias.

En esta ocasión, estaban llamados a declarar el presidente y el propio partido, mientras que la gerente del PP ha presentado justificación médica y su comparecencia judicial se ha fijado para el próximo 3 de marzo, a las 9,30 horas.

Para el abogado de la acción popular, que representa al Foro de Izquierdas-Los Verdes, la negativa a declarar se trata de una «escaramuza y triquiñuela», a pesar de que «tenían la oportunidad de explicar lo ocurrido, contar todo como fue».

Francisco Martín del Río también ha recordado que ha pedido otras nuevas 27 declaraciones de testigos, entre ellos, la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, «porque hay documentos que acreditan fehacientemente que participó de forma personal y efectiva en esta financiación irregular», además de que considerar que «es el máximo beneficiario de todo esto».

«Ellos tratan de justificar el dinero que se ha empleado para abonar las deudas de los afiliados morosos de dos maneras: 39 altos cargos presentan un escrito estándar, lo firman y ponen una cantidad, sin ningún aval. Y luego se aporta otro elenco de documentos bancarios, que hacen referencia a otros 24.000 euros. Entre ellos hay dos justificaciones de que Mañueco sacó dinero, por importe de 900 euros, de un cajero, hecho en febrero de 2017″, ha agregado el letrado.

Las elecciones primarias del PP de Castilla y León se celebraron en marzo de 2017 para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y llevaron al cargo al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León y hoy senador del PP por León, Antonio Silván.

A mediados de junio de 2019, durante las negociaciones entre el PP y Cs para conformar el Gobierno en Castilla y León, el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca abrió diligencias previas tras la presentación de una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PPCyL.

El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca trata de averiguar si las aportaciones económicas en efectivo para pagar las cuotas de afiliados son consideradas como financiación irregular, ateniéndose a la Ley sobre financiación de los partidos cuyo artículo 5.1.a recoge que «los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables».

Mientras que desde la defensa se quiere incidir en que no hay financiación irregular ya que «las aportaciones económicas son concretas para poder participar en las primarias», desde la acusación se pretende demostrar que existe «una donación finalista» ya que se entregaba el dinero «para abonar las cuotas impagadas de militantes».