Marlaska reformará el protocolo antisuicidios tras el récord de muertes de policías y guardias
En 2021, 34 agentes se quitaron la vida, la cifra más alta desde que existen estadísticas. Los sindicatos piden mejorar los servicios psicológicos
El Ministerio del Interior está estudiando propuestas de distintas asociaciones profesionales y sindicatos policiales para mejorar el protocolo antisuicidios vigente en sendos cuerpos tras el récord de casos que se registró entre los agentes el pasado año, según sostienen fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a THE OBJECTIVE. Este lunes, sin ir más lejos, un coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil fue localizado sin vida en su despacho, en la Dirección General del Instituto Armado, en Madrid.
2021 fue el año más negro para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los últimos 12 meses, 17 policías y 17 guardias civiles se quitaron la vida. Cifras que suponen un incremento del 70% con respecto a 2020, en el que se registraron 20 casos. No obstante, este aumento porcentual es extensible a los suicidios que se han registrado anualmente en la última década. Desde 2010 a 2020 se contabilizaron 185 suicidios —145 empleando un arma de fuego—, lo que se traducía en que 20 agentes se quitaban la vida de media cada año. El único año en el que la casuística varió fue en 2017, cuando se contaron 28 casos, en base a las cifras que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad.
La preocupación por los suicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es uno de los asuntos que han tratado en las reuniones mantenidas este mes con el ministro las distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil. En su encuentro, Jucil, la organización mayoritaria de guardias, pidió a Marlaska que «revisase el protocolo» porque, a su juicio, «no está funcionando» y le sugirió que externalizase el servicio de Psicología como medida preventiva. «Si los agentes van a los psicólogos en las comandancias se les puede llegar a estigmatizar. Le pedimos que estudiase otras fórmulas para acceder a estos especialistas», cuenta Agustín Leal, portavoz de Jucil.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han pedido que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando y se pueda contar con especialistas ajenos al Cuerpo en el servicio. Una novedad que «facilitaría que los agentes pudiesen tratarse sin miedos». Ademas, exigen disponer de «armeros» en todas las unidades y «garantías» de que las bajas psicológicas no vayan a repercutir en la vida profesional del guardia civil.
En Interior, aseguran fuentes de este departamento, «han tomado nota» y «están estudiando mejoras» aunque es pronto para avanzar cualquier detalle. «Se están estudiando cambios, pero no se ha concretado nada aún. No son cambios que se puedan improvisar, sino que necesitan la participación de expertos y una aplicación muy cuidadosa», apuntan.
Los protocolos antisuicidios
Tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cuentan ya con protocolos de prevención, aunque es cierto que tanto asociaciones profesionales como sindicatos policiales llevan reclamando su modificación desde hace tiempo. El Instituto Armado cuenta con uno desde el año 2002 que se actualiza periódicamente. El de la Policía Nacional, en cambio, apenas ha cumplido un año. El Ministerio del Interior aprobó su puesta en marcha, cuando ya se habían registrado 160 muertes en 20 años.
Una de las principales medidas que incorporó este plan fue la puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica gratuito, confidencial y disponible durante las 24 horas del día, todo el año, para prestar atención inmediata a los que agentes que lo necesitasen. No obstante, otros sindicatos policiales, conscientes de esta problemática, como Jupol, tienen su gabinete propio en el que atienden varios días a la semana a los agentes vía telefónica.
El protocolo pone el foco en aquellos agentes que hayan protagonizado una tentativa de suicidio así como en los que se enfrentan a «situaciones concretas de estrés durante su trabajo». Respecto a este último caso, cita tres tipos: los que han intervenido en catástrofes, hayan usado su arma o hayan resultado heridos de gravedad; tanto ellos como sus compañeros. El documento también contempla la posibilidad de retirar temporalmente el arma de fuego «oficial y particular» a aquellos agentes que, tras una valoración psicofísica, puedan correr riesgo de autolesionarse.
Además, la Policía Nacional realiza un informe de cada suicidio intentado o consumado, lo que denominan una «autopsia psicológica», para recopilar la máxima información sobre las circunstancias personales por las que estaba pasando el afectado o la afectada en su entorno laboral como extralaboral y, de este modo, poder evitar casos futuros como el estudiado, estableciendo tal vez otro tipo de terapias.