Interior esgrime una norma antiterrorista para ocultar los polémicos informes sobre los bulos en pandemia
Los documentos se tornaron polémicos tras declarar la Guardia Civil que trabajaba para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Efe
El Ministerio del Interior se ha escudado en una orden de materia antiterrorista de 1986 para ocultar «los informes, comunicaciones y notas» que realizó durante el estado de alarma para hacer frente a la desinformación. Es la respuesta que ha dado el Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada hace más de medio año por el Partido Popular, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los documentos se tornaron polémicos después de que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Santiago, afirmase en una rueda de prensa que, en la lucha contra los bulos, se trabajaba para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».
Estas declaraciones crearon una tormenta política y la oposición pidió explicaciones al Gobierno de Sánchez. Poco después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó esas palabras «a un lapsus». Y el general José Santiago se defendió diciendo que en «sus 40 años de profesión, en la lucha contra ETA, en la academia, en las misiones en el extranjero, y en la lucha contra la pandemia, si algo había aprendido era que lo primero eran las personas, no las ideologías».
Pero la cosa no quedo ahí. Desatada la polémica, el Partido Popular pidió la comparencia de Grande-Marlaska en la Comisión de Interior en junio de 2020. No obstante, esa cita no se produjo hasta el 25 de junio del año siguiente. Entonces, el titular de Interior defendió su gestión durante la pandemia de la covid-19, sobre todo en lo relacionado con la «vigilancia digital frente a los bulos». «La vigilancia digital es una labor imprescindible que no busca limitar la libertad de expresión de nadie», expresó el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press.
En su comparecencia, Marlaska dio datos y explicó que entre octubre de 2020 y 2021 se habían detectado «264 eventos de desinformación que habían dado lugar a 209 notas informativas, 1.194 comunicaciones y 537 informes durante la pandemia». También citó el incremento de las estafas en un 29,4%, los delitos contra la libertad en un 36,6% y las agresiones sexuales en un 20,6%.
Instrucción de la Guardia Civil
Tras las declaraciones del ministro en sede parlamentaria, el Grupo Popular solicitó al Gobierno una copia de todos los informes elaborados por el departamento dirigido por Grande-Marlaska durante ese espacio de tiempo. Ahora, en respuesta a su petición, más de medio año después, el Ejecutivo señala que se trata de «información clasificada» y no puede ser revelada.
«Esta información se encuentra dentro de las materias clasificadas como Secreto en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 1996, donde se clasifican expresamente como secretos los procedimientos, medios y técnicas operativas utilizadas en materia antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 por el que se clasifican como secreto la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», reza la respuesta al Partido Popular, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Gobierno recomienda al PP solicitar dicha información «por los canales establecidos para la obtención de información clasificada».
Pese a que Grande-Marlaska tildase de lapsus las declaraciones que hizo el jefe del Estado Mayor el 19 de febrero, cuatro días antes la Guardia Civil había remitido a sus comandancias una instrucción interna en la que pedía que se identificasen «campañas de desinformación» así como «bulos y fake news susceptibles de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».
El correo electrónico, adelantado por la Cadena Ser, tenía por objetivo elaborar cada viernes un informe «sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Benemérita vinculadas a la covid-19 con la finalidad de ser tratado en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial». Y que se informase de las denuncias que se presentasen por estafas informáticas, robos de información o secretos de «delitos informáticos vinculados con el escenario del coronavirus».
