La ley limita a Gabilondo para investigar los abusos en la Iglesia: «No será exhaustivo»

Juristas y algunas asociaciones de víctimas ponen en tela de juicio la propuesta del PSOE para que Ángel Gabilondo lidere la investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Creen que el informe encomendado a Gabilondo -con el apoyo de un comité de asesores externos- tendrá un alcance muy limitado y será poco exhaustivo. Con independencia de que las autoridades eclesiásticas finalmente acepten la propuesta del Gobierno de formar parte de la comisión de expertos que investigará y realizará un informe sobre los abusos.

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo limita las funciones de Gabilondo a investigar y perseguir irregularidades cometidas en las Administraciones públicas, pero no tiene competencias en las eclesiásticas. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar al Defensor del Pueblo en sus investigaciones y darle acceso a toda documentación que no sea de carácter reservado. Una obligación a la que no está sometida la Iglesia católica ni los miembros de la jerarquía eclesiástica.

«Sus competencias son muy limitadas, no va a ser una investigación exhaustiva», indica Miguel Hurtado, portavoz en España de la asociación de víctimas End clergy abuse (ECA), en declaraciones a THE OBJECTIVE. «No puede obligar a participar ni a colaborar en la investigación a ningún sacerdote u obispo. Y si deciden comparecer, no están obligados a decir la verdad», añade el representante de esta organización que representa a víctimas de abusos eclesiásticos en 17 países.

«Tampoco puede obligar a que la Iglesia dé acceso a los archivos canónicos, donde guarda los expedientes de las investigaciones y denuncias de abuso que ha recibido de feligreses familiares de niños víctimas de abusos», concluye.

El precedente fallido en Cataluña

Hurtado pone como ejemplo la investigación llevada a cabo por el Síndic de Greuges en Cataluña. El defensor del Pueblo Catalán elaboró en 2020 un informe sobre los abusos en colegios religiosos. Apenas consiguió aflorar un 10% de los casos reales debido a la «actitud poco transparente» de la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal durante la investigación para elaborar el reporte.

«Poner esto en manos del Defensor del Pueblo es, por un lado, una mera acción de postureo político y, por otro una acción directa contra la Iglesia Católica para hacer un guiño a sus socios de Gobierno», opina el abogado Alejandro Ruiz. Recuerda que la LODP, en su artículo 25, obliga al Defensor del Pueblo a informar a la Fiscalía General del Estado cuando tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos.

«Hay que enfocar esto en las víctimas, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminar o el Código Penal para acelerar los procedimientos penales y dotar más recursos a las autoridades judiciales. Hay que poner en manos de la Justicia estos asuntos», añade Ruiz, abogado que actuó como acusación particular en el juicio contra Pedro Antonio Ramos Lominchar. Un exreligioso de La Salle y exprofesor del Colegio Maravillas de Madrid condenado a 130 años de prisión por abusar de varios memores y adultos.

La elección de Gabilondo divide a las víctimas

El PSOE registró el lunes una proposición no de ley por la que encomienda al Defensor del Pueblo a elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y analizar el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una comisión independiente, para someterlo a debate parlamentario. Un modelo que ha dividido a las víctimas.

Para la Asociación Infancia Robada se trata de un «modelo idóneo para lograr verdad, justicia, reparación y acompañamiento» a las víctimas. Sin embargo, la ECA cree que a medida que se ponga en marcha la investigación se verán las «serias carencias» del Defensor del Pueblo para abordar la cuestión. Además, su portavoz señala que hay un «conflicto de interés claro» en la elección de Gabilondo. Tanto por haber sido ministro, candidato y diputado regional por el PSOE, como por su pasado de fraile y profesor en colegios religiosos.

En manos del Congreso

Lejos de lo que opinan los socios del Gobierno –Unidas Podemos, ERC y EH Bildu promueven una investigación en el Congreso-, los socialistas consideran que Gabilondo aportaría «las garantías de profesionalidad, de rigor y de respeto a la privacidad de las víctimas». También creen que cuenta con los medios y la autoridad necesaria que le atribuye la ley al Defensor del Pueblo.

Desde la institución que lidera Gabilondo mantienen perfil bajo por el momento. «Corresponde al Congreso de los Diputados resolver sobre la Proposición No de Ley. Es el momento del debate parlamentario. La institución Defensor del Pueblo analizará la resolución que se adopte al respecto y como Alto Comisionado de las Cortes Generales actuará, en su momento, en consecuencia», indican fuentes del Defensor del Pueblo consultadas por este diario.